La Oficina de la Contralora de Puerto Rico y la Administración de Servicios Generales (ASG) firmaron un acuerdo colaborativo dirigido a ampliar el intercambio de información y fortalecer la detección de posibles irregularidades en contratos, subastas y compras gubernamentales. Así lo anunciaron hoy la contralora, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, junto a la administradora de la ASG, Karla G. Mercado Rivera, permitirá a ambas entidades acceder a registros públicos administrados por la otra agencia.

“Continuamos fortalecido nuestras relaciones con entidades con el objetivo de cumplir con nuestra misión cabalmente. Es por eso que hoy, y luego haber participado en una mesa de trabajo junto a la Administradora de ASG, anunciamos este acuerdo de entendimiento. Como parte del acuerdo, la Oficina de la Contralora tendrá acceso, mediante una interfaz de programación de aplicaciones, a las bases de datos del Registro Único de Proveedores, el Registro Único de Licitadores, el Registro Único de Subastas y el sistema de órdenes de compra J.E.D.I. La conexión permitirá consultar, extraer y validar información en tiempo real para apoyar auditorías e investigaciones relacionadas con el uso de fondos públicos”, explicó la Contralora.

A su vez, la administradora de la ASG detalló que “este memorando de entendimiento facilitará el que la información esté completa para poder realizar una fiscalización efectiva del manejo de fondos públicos a través de las contrataciones gubernamentales. Es nuestro compromiso rendir cuentas de cada centavo del cual gestionamos o fiscalizamos en estos procesos. Más allá del acceso a los sistemas también se provee para educación continua en procesos de contratación y los cambios que vayan ocurriendo en las regulaciones locales y federales”.

El convenio también dispone el intercambio inmediato de información sobre posibles violaciones a la Ley 73-2019 y sus reglamentos, así como la coordinación de investigaciones para evitar la duplicidad de esfuerzos. Las entidades acordaron, además, desarrollar adiestramientos conjuntos sobre fraude, auditoría forense digital, evidencia documental, compras gubernamentales y sanciones aplicables a suplidores o contratistas.

La información intercambiada estará sujeta a controles de seguridad y confidencialidad, incluyendo conexiones cifradas, accesos restringidos, trazabilidad de las consultas y acuerdos de confidencialidad para los funcionarios autorizados. El acuerdo no conlleva desembolso de fondos públicos, permanecerá vigente mientras ninguna de las partes disponga lo contrario y podrá cancelarse mediante una notificación escrita con 30 días de anticipación.