La Cámara de Representantes derrotó el martes, a viva voz, durante la sesión ordinaria, la medida que buscaba establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40 por ciento del ingreso neto del alimentante.
El Proyecto de la Cámara 1153, de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, disponía enmendar la Ley 5-1986, conocida como la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)” y proponía reducir la edad de 21 a 18 años de los menores que tienen derecho a recibir servicio de sustento, disponiendo que un estudiante universitario puede presentar una petición de alimentos entre parientes.
Por otro lado, la Cámara avaló un proyecto de ley que crearía la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), adscrita a la Rama Legislativa.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1274, de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y los representantes Jesús Santa Rodríguez y Ángel Matos García, con el fin de crear la “Ley de Investigación, Análisis y Fiscalización Presupuestaria de Puerto Rico”.
“La OPAL es una herramienta adicional para que el pueblo de Puerto Rico tenga disponible los datos relacionados a las finanzas del Gobierno. La misión de esta es proveer apoyo técnico, práctico y consultivo a la Asamblea Legislativa en temas presupuestarios, financieros, contributivos, y fiscales. La propuesta de la oficina es contar con un grupo de profesionales, y que estos nos sirvan a todos, como un ente neutral, no para un partido, no para un Presidente, no para una Comisión”, sostuvo Hernández Montañez.
“En el proceso de negociación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) negociamos 1.5 millones de dólares en estos seis meses y 3 millones de dólares para financiar la oficina en los presupuestos subsiguientes”, añadió el presidente cameral, quien aseguró que tiene un presupuesto, una visión de transparencia y una política pública clara, y “que es parte del legado de lo que deben ser las herramientas para las futuras legislaturas para evitar cometer los errores del pasado”.
Por su parte, el representante José Márquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), resaltó que ve como virtud que la Asamblea Legislativa tenga las herramientas de análisis que se requieren al momento de aprobar las partidas presupuestarias, “sin embargo, esta medida no pasó por un análisis presupuestario detenido, transparente y adecuado”.
“Este proyecto no tuvo vistas públicas y no recibió memoriales. Nos parece una buena propuesta, pero en la evaluación de la medida no contamos con el beneficio de potenciales académicos, economistas y de personas que pudieran hacer recomendaciones al detalle de este proyecto para poder nutrir el mismo”, agregó Bernardo Márquez.
La OPAL brindará apoyo técnico en temas presupuestarios, financieros, contributivos y fiscales; monitoreará y fiscalizará las entidades públicas en el uso de fondos públicos; y realizará reportes, análisis y recomendaciones sobre el manejo de las finanzas gubernamentales. Además, preparará estimados de costos de las leyes aprobadas y medidas legislativas propuestas.
El proyecto de ley resalta que “el Presupuesto General de Puerto Rico se confecciona, establece e implementa como resultado del proceso legislativo. Así, es evidente que la Asamblea Legislativa ostenta otro poder inherente: el de confeccionar y aprobar el Presupuesto”.
Por otro lado, ante la falla que afectó el sistema de recarga de AutoExpreso debido a un ataque cibernético el pasado mes de abril, la Cámara avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 318, de la autoría de los representantes Ángel Fourquet Cordero y José Aníbal Díaz Collazo, que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) eliminar las multas y el costo del peaje por concepto de transitar sin balance por las estaciones de peaje.
Asimismo, se dio paso a la Resolución de la Cámara 763, de la autoría del presidente cameral, Hernández Montañez, que ordena investigar y evaluar cómo se ha llevado a cabo la implementación de la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019 (Ley 73-2019).
La exposición de motivos de la medida resalta que “con la aprobación de la Ley 73 se intentó lograr dos objetivos principales: la transformación de la Administración de Servicios Generales, con el propósito de convertirla en la única entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico; y la reestructuración de los procesos de compra o adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas necesarias para cumplir plenamente con la misión de simplificar dicho proceso”.
Hernández Montañez manifestó que mediante la Ley 73-2019 se propuso reestructurar los mecanismos de compra obsoletos e ineficientes, para poder lograr transparencia y eficiencia en la gestión de compras gubernamental. “Sin embargo, tres años de su aprobación y el establecimiento de la página electrónica del Registro Único de Subastas del Gobierno de Puerto Rico (RUS) y la creación de los distintos Registros, aún persiste la falta de un mecanismo tecnológico que garantice y salvaguarde la transparencia en todas las etapas del proceso de compras gubernamentales”, concluyó.
