(CyberNews) – La representación legal de Raymond Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, calificó el martes como “improcedente” la solicitud presentada por Mireddys González y Ayeisha González para designar un administrador judicial en sus empresas, en medio de un litigio sobre presuntos incumplimientos de sentencia.

“La solicitud de las demandadas, carente de fundamento jurídico, denota un proceder frívolo y temerario ante el Tribunal”, expresó el licenciado Carlos Díaz Olivo, abogado de Ayala Rodríguez, en declaraciones escritas.

Según la defensa de Ayala Rodríguez, la petición busca “encubrir los reiterados incumplimientos” de las órdenes del Tribunal y responde a una “estrategia mediática” para desacreditar al artista. Además, señalaron un posible conflicto de interés en la propuesta de nombrar como síndico al profesor Luis Avilés, quien supuestamente ofreció sus servicios previamente a la parte demandante.

El Tribunal, bajo la supervisión del juez Anthony Cuevas, ya dictó una sentencia final y firme, y el único asunto pendiente es una solicitud de desacato contra Mireddys y Ayeisha González. La representación de Ayala Rodríguez considera que litigar en los medios de comunicación busca desviar la atención de las derrotas jurídicas que, afirman, han enfrentado las demandadas.

Daddy Yankee enfatizó su compromiso de manejar sus empresas según las disposiciones legales y aseguró que tomará las medidas necesarias para esclarecer cualquier irregularidad en la administración previa de las mismas.

Mireddys González solicitó al Tribunal el nombramiento de un administrador judicial para las corporaciones vinculadas a Daddy Yankee, argumentando un ambiente de incertidumbre y un “empate irreconciliable” en la toma de decisiones administrativas. Según González, esta situación ha generado daños irreparables, incumplimientos de órdenes judiciales y conflictos graves entre los accionistas, incluyendo transacciones sustanciales realizadas sin su conocimiento, como la transferencia de 118 millones de dólares. La moción busca proteger los activos de las empresas, garantizar transparencia y evaluar una posible disolución corporativa.