El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel A. Pizá Batiz, radicó, hoy lunes, en el Tribunal de San Juan una demanda en contra de la compañía de estiba Luis Ayala Colón Sucesores (LAC) y la unión ILA Local 1740 por daños y perjuicios.
Según Pizá Batiz, la acción legal está motivada por los cargos dejados de devengar debido al conflicto obrero patronal que mantiene paralizado los contenedores que están supuesto a llegar a la Isla.
“En el muelle de LAC de Puerto Nuevo entra cerca del 23% del total de la carga en Puerto Rico, pero cerca del 80% de la carga internacional. Debido a los barcos internacionales que no pudieron atracar en la bahía de San Juan por el conflicto obrero patronal entre la ILA y la compañía de estiba Luis Ayala Colón, Puertos hasta el momento no ha podido recibir cerca de $400,000.00 en cargos, y dicha cifra continuará en aumento en la medida que esta disputa no se resuelva”, destacó Pizá Batiz.
“Motivamos a las partes a dialogar este conflicto obrero patronal. A pesar de que el foro para dirimir controversias es el ‘National Labor Relations Board’, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha mediado de manera diligente y sin descanso. Es el interés de la Autoridad de los Puertos en que las partes encuentren una solución y que la cadena de distribución en Puerto Rico no se afecte. En vista de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno como mediador, las partes no han logrado un acuerdo, en comunicación con el gobernador Pedro R. Pierluisi, entendimos que esta es una de las acciones necesarias que debemos tomar, ante las pérdidas de ingresos que ha tenido la Autoridad”, concluyó Pizá Batiz.
El titular de Puertos detalló que la APPR le cobra a cada barco de carga que atraca en la Zona Portuaria de Puerto Nuevo por cargo de atraque, a base de una fórmula matemática en función del peso del navío (“Dockage Fee”); cargo por muelle (“Wharfage fee”); un “Surcharge” o sobretasa; otro cargo por escaneo de furgones por seguridad nacional; y cuotas portuarias o “Harbor Dues”. Todos estos cargos están regulados por el Reglamento 8879 de la APPR, enfatizó el director ejecutivo de la APPR.
Gobernador consultó a la Guardia Nacional para el descargue y acarreo de furgones, pero no están capacitados
Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia consultó con la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) para que lleven a cabo la transportación de furgones desde los muelles, pero no tienen personal capacitado para esa tarea.
“También eso lo evalué. De la propia Guardia Nacional lo que me viene es que no tienen el personal adiestrado para descargar y activar a gran escala la carga que tienen estos barcos y así que tampoco es una solución viable”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.
“Yo lo que le pido a ambas partes es que piensen en Puerto Rico. Que en vez de pensar por un lado en la compañía y por el otro en la unión, piensen en Puerto Rico. Porque le están haciendo un grave daño a Puerto Rico como resultado de este paro”, añadió.
Mencionó que aún persiste la mediación por parte del secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, es la negociación de una tregua por treinta días y un diálogo de buena fe.
“Ni eso acordaron”, expuso el mandatario quien insistió en que las leyes locales y federales impiden al gobierno interceder directamente en el asunto del cual dijo es un conflicto obrero patronal a nivel de empresa privada.
Asimismo, destacó que la Autoridad de los Puertos presentó una demanda por daños económicos causados por este conflicto.
“Es una intransigencia total que le está causando daños al pueblo de Puerto Rico”, argumentó el gobernador.
“Estamos hablando de la industria farmacéutica que se está afectando, la sal, el azúcar, la manteca, por mencionar tres”, ejemplificó, al insistir en que le peticionó al gobierno federal incidir en el asunto.
