Dirigido a reivindicar el derecho a la salud de los pacientes en Puerto Rico, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra los principales fabricantes de insulina y los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) por haber incurrido en prácticas comerciales injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta un 1,200% de su costo original. Así lo informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, mediante una conferencia de prensa.
“Estas compañías han creado un esquema de aumentos excesivos e injustificados en el precio de la insulina para su propio lucro y en detrimento de la comunidad de ciudadanos diabéticos en Puerto Rico. Nos parece un abuso hacia una población vulnerable en la isla, por lo que el Departamento de Justicia peleará por los pacientes para defender sus derechos, su bolsillo y acceso a la salud”, denunció el secretario, quien destacó que en Puerto Rico aproximadamente el 30% de la población sufre de diabetes y dependen del tratamiento de la insulina para vivir.
A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), el Departamento de Justicia representa al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc. Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos.
Los PBM o administradores de beneficios de farmacia son empresas subcontratadas por las aseguradoras de salud para manejar las compras y autorizaciones de medicamentos recetados a los pacientes. Estos controlan el listado de medicamentos cubiertos por las pólizas de seguros, pues tienen discreción para determinar cuáles se incluyen o excluyen del formulario.
Exponen el esquema
Según reveló el secretario auxiliar de la OAM, el licenciado Guarionex Díaz Martínez, los PBM comenzaron a implementar la táctica de requerir que los fabricantes de insulina les ofrecieran “rebates” o reembolsos y de amenazar a los fabricantes con la posible exclusión de su producto de insulina del formulario de medicamentos, que es controlado por los PBM.
“Los fabricantes incrementaron sus precios para mantener su margen de ganancia, brindándole a los PBM reembolsos cada vez mayores, con el fin de que estos incluyeran su producto o les otorgaran preferencia. Mediante este esquema, se creó un incentivo enorme para que los fabricantes inflaran el precio artificialmente con el único propósito de ser incluido u obtener una posición favorable en el formulario del PBM. Los PBM retienen gran parte de esos reembolsos. Estos rebates o descuentos no se han traducido en costos más bajos para los pacientes. Todo lo contrario, los pacientes han tenido que costear el creciente aumento en precios, ya sea a través de copagos porque se exceden del límite de sus cubiertas o porque simplemente no cuentan con un plan médico”, explicó el licenciado Díaz Martínez.
Por ejemplo, si el precio del producto de insulina se fijaba en $100, y un PBM quería un reembolso de $40, el fabricante aumentaba el precio de lista a $140 para poder otorgarle el “rebate” de $40 al PBM y mantener la ganancia que generaría al dejar el costo en $100.
“Para que tengan una idea del efecto del esquema, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico el precio de la insulina producida por Eli Lilly puede fluctuar en los $300.00, en Canadá cuesta $30.00 aproximadamente”, añadió Díaz Martínez.
El secretario de Justicia indicó que la demanda incoada por el Departamento “exige el cese y desista de dichas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustificadamente, el pago de los daños causados y el desembolso de las ganancias obtenidas mediante el esquema ilegal”.
Emanuelli Hernández añadió que este año 2023, “además de continuar reforzando las estrategias para combatir la criminalidad, con especial atención a la violencia de género y la corrupción, el Departamento de Justicia se enfocará en hacerle justicia a las poblaciones más vulnerables, mediante reclamaciones civiles como la presentada hoy y el recobro del dinero del pueblo”.
