Departamento de Educación se opone a idea de armar a personal docente

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Foto de archivo: Departamento de Educación

El director de Asuntos Legales del Departamento de Educación (DE) Nolan  Portalatín Cepeda dijo el miércoles que están en contra de permitir que el personal docente pueda portar armas en las escuelas públicas.

“Nosotros no favorecemos la flexibilización. El Departamento de Educación no promulga que los empleados ni maestros ni ningún otro funcionario que trabaja en las escuelas vaya a las escuelas armados. Nosotros reconocemos que hay una Carta Circular que data del 2014 y que tiene vigencia, pero como todos los asuntos, las políticas públicas y los reglamentos están en revisión. Mucho más que cuando esta Carta Circular se promulgo, la Ley Orgánica del Departamento de Educación era otra”, dijo Portalatín Cepeda en entrevista radial (NotiUno).

“Nosotros vamos a revisar la Carta Circular, pero no estamos a favor de flexibilizar. No vamos auspiciar ni a propiciar que los maestros y los funcionarios del departamento vengan armados. Sin embargo, reconociendo el derecho constitucional de los ciudadanos, reconocemos ese derecho que tienen las personas de armarse y defender su vida, cumpliendo con los rigores de la Ley de Armas”, añadió.

Según el abogado, el exsecretario de Educación Rafael Román Meléndez, emitió en el 2014 una Carta Circular en la que establecía que el departamento no debía interferir con las decisiones que en ese entonces tomaba el Tribunal para expedir una licencia de portación de armas. Y si el Tribunal le reconocía ese derecho a un empleado del departamento, se les tenía que permitir portar el arma, pero tenían que mantenerla escondida todo el tiempo, porque la misma no se considera una herramienta de trabajo. La directriz también aplica para los guardias de seguridad que tampoco pueden estar armados en funciones.

Luego del incidente en Uvalde, Texas, el activista a favor de la portación de armas en la Isla, Ariel Torres, comenzó a promover el discurso a favor de armar a los maestros y al personal docente de las escuelas públicas. La idea fue rechazada por los representantes exclusivos de los maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico.