La jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de San Juan desestimó la demanda presentada por la activista estadounidense Carol Buckley y su organización Elephant Aid International contra el gobierno para que le devuelvan la elefanta y le permitan llevarla a su finca de Attapulgus, Georgia.
La moción de desestimación la habían presentado los demandados en el caso que son el Estado Libre Asociado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y su secretaria, Tania Vázquez y el Departamento de Justicia (DJ) y su secretaria, Wanda Vázquez
La demanda de Buckley aduce que el animal corre “peligro de muerte o pérdida” si se queda en el Zoológico de Puerto Rico, Juan A. Rivero. Asimismo, argumentó pérdidas de dinero luego que se cancelara el acuerdo de transferencia de la animal.
“Se declara CON LUGAR la Moción de Desestimación presentada por la parte demandada. La parte demandante tiene un remedio adecuado en ley que puede dilucidarse en un trámite ordinario de incumplimiento contractual. No quedando asunto interdictal pendiente, se refiere el expediente de este caso a la atención de la Secretaria Regional para que se asigne a la sala de lo civil competente para el trámite ordinario de las restantes causas de acción, específicamente la sentencia declaratoria e injunction permanente y daños y perjuicios”, dicta la resolución de nueve páginas y fechada al 28 de febrero.
La determinación judicial además ordena que se elimine del inventario de casos del salón de Sesiones 907.
El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez había catalogado la demanda de Buckley como “una artimaña para sacar dinero a nombre de Mundi”.
Por otro lado, el 19 de enero los abogados del municipio sometieron otro recurso ante el Tribunal de Mayagüez en el que pedían que se reconozca la existencia del Fideicomiso para la Administración y Operación del Parque Nacional Zoológico Dr. Juan A. Rivero (FAOPNZDJAR) creado en 2016, se cancelen las gestiones para el traslado de la elefanta Mundi, se reabra el también centro de investigación científica y se haga el traspaso para la operación de la instalación turística-educativa al municipio en un período de tres años.
