El presidente de la Comisión de Telecomunicaciones en el Senado, Miguel Laureano Correa, se mostró complacido con la recién firmada Ley 55 (21 de junio de 2019) e instó a las compañías de telecomunicaciones en la isla a reclamar los $954 millones de dólares que hay disponibles para la reparación y fortalecimiento de la infraestructura de esta industria. Esta ley fue firmada por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a inicios de la temporada de huracanes.
La nueva ley prohíbe que los fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y otros fondos de telecomunicaciones sean desviados para fines ajenos a garantizar la provisión y estabilidad de los servicios del 9-1-1 y de las telecomunicaciones.
El Proyecto de Senado 949, de la autoría del senador Laureano Correa, proponía las enmiendas a la Ley Numero 66- 2014 para prohibir la utilización los dineros provenientes del sistema 9-1-1 a otros fines que no fueran el robustecer la infraestructura de las telecomunicaciones en la isla que tras el paso el paso de los huracanes Irma y María sufrieron serios daños que dilataron el restablecimiento de las comunicaciones.
“Es un proyecto de gran magnitud para Puerto Rico, fuimos a las oficinas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Washington DC para entregar el Proyecto de Ley y discutirla junto al Hurricane Recovery Task Force de la FCC. Con la aprobación de este proyecto, ahora Ley 55, cumplimos con las exigencias del Comisionado de la FCC Michael O’Rielly para que Puerto Rico pueda tener acceso para el fondo de $954 millones que el Chairman Ajit Pai propuso para restaurar y expandir las redes de comunicaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes que fueron afectadas por los Huracanes Irma y María”, destacó el senador Laureano Correa.
El Senador adelantó que llevará a cabo reuniones con las compañías de telecomunicaciones para discutir con todos ellos el alcance de esta nueva ley y planificar las próximas acciones que van a estar llevando a cabo para tener acceso a los fondos. Asimismo, anunció que continuará en comunicación con las oficinas de la FCC en la capital federal para requerir asistencia y colaboración de la entidad en los procesos que se implementaran para las mejoras a la infraestructura de las telecomunicaciones.
Esta Ley comenzó a regir inmediatamente después de su aprobación.
