Tras la emergencia por los sismos registrados y con el fin de atemperarse a la realidad que se vive en la Isla, el secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció hoy la moratoria de la nueva política pública sobre el uso del uniforme escolar para iniciar en agosto del 2021 y no en agosto del 2020 como se había estipulado.

Con la moratoria se busca asegurar una transición adecuada en la implementación del nuevo uniforme escolar que será escogido, tal cual se había estipulado en la Carta Circular 08-2019-2020. Durante el año escolar 2020-2021 se trabajará con la transición y en agosto de 2021 se incorporarán los nuevos uniformes.

“Ahora es momento de enfocarnos en iniciar este segundo semestre escolar, así como continuar y completar las inspecciones por ingenieros licenciados en todas las escuelas públicas. Tuvimos una conversación con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y luego de su petición, tomamos esta determinación. Durante el próximo año escolar, trabajaremos con los comités y se llevará a cabo el proceso para la selección del nuevo uniforme escolar”, indicó el titular de Educación.

No obstante, el secretario puntualizó que para el próximo año escolar 2020-2021, queda vigente la prohibición de que el personal escolar solicite propuestas o cotizaciones a comercios con el fin de determinar el lugar de adquisición de los uniformes. La compra de los uniformes queda abierta al libre comercio. Igualmente, ningún funcionario o escuela podrá recibir algún beneficio o regalía por un comercio que venda los uniformes escolares.

Hernández Pérez fue enfático al señalar que “se prohíbe que se hagan promociones de comercios en los tablones de edictos de las escuelas. Además, ninguna escuela está autorizada a vender o revender uniformes a los padres”. Esto incluye a las cooperativas juveniles, clubes, organizaciones estudiantiles y   comités de clases graduandas, entre otras.

Asimismo, destacó que no se impondrán medidas disciplinarias a un estudiante que no use el uniforme escolar establecido en el reglamento interno de la escuela por falta de recursos económicos, razones de salud, religión, situaciones por emergencia o por alguna otra razón que pudiera resultar discriminatoria e irrazonable.