La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) cerró el año fiscal 2024-2025 con un marcado aumento en la presentación de querellas y la emisión de resoluciones, reflejo de una gestión más activa, rigurosa y estratégica en la fiscalización del servicio público. A la par, la entidad logró un impacto amplio y sostenido en sus iniciativas educativas, consolidando su rol formador en integridad pública.

Durante este año fiscal, la OEG radicó 86 querellas, frente a las 64 del periodo anterior, y emitió 98 resoluciones, superando las 70 del año 2023-2024. En cuanto al éxito de sus determinaciones, la OEG prevaleció en el 99% de las Resoluciones en las que impuso multa. De la totalidad de los casos que acudieron en revisión judicial la Oficina prevaleció en el 75% de ellos.

Actualmente, hay 70 querellas activas, 8 de ellas dirigidas contra alcaldes en funciones. Las demás involucran empleados de agencias y corporaciones públicas, lo que demuestra el amplio alcance de las investigaciones éticas en todos los niveles del gobierno. “Estos resultados reafirman el mensaje de que nadie está por encima del marco ético. Hemos fortalecido nuestras herramientas de fiscalización y el país lo está viendo reflejado en acciones concretas,” expresó el director ejecutivo Luis A. Pérez Vargas.

La Oficina impuso sanciones por un total de $255,000 en multas y $77,122.21 en restituciones. Al cierre del año fiscal, se recaudaron $244,900.82 en multas y $18,353.16 en restituciones, para un total de $263,253.98, dinero que se transfiere directamente al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

Aunque el monto recaudado se mantuvo dentro de rangos similares al año anterior, los datos reflejan un nivel constante de cumplimiento con las sanciones impuestas y una ejecución efectiva de los procesos administrativos. La OEG tiene identificado a todos sus deudores.

El Área de Investigaciones y Procesamientos Administrativos (AIPA) atendió 1,130 planteamientos éticos, de los cuales 442 fueron acogidos formalmente. Actualmente, mantiene 424 investigaciones en curso, demostrando la agilidad de la Oficina en responder a potenciales violaciones éticas. “La fiscalización no distingue jerarquías. La ética pública exige que todos los servidores respondan con transparencia y responsabilidad por sus actos”, agregó Pérez Vargas.

Educación ética con alcance masivo y alianzas clave

A través del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético (CDPE), la OEG impactó a 128,497 servidores públicos mediante múltiples iniciativas educativas. Entre las principales cifras del año fiscal se destacan:

· 258 sesiones presenciales (9,001 participantes)

· 624 adiestramientos en línea (11,023 participantes)

· 94 métodos alternos en línea (64,861 participantes)

· 4,685 convalidaciones de capacitación (43,612 personas adicionales)

La OEG también impulsó alianzas estratégicas, como el acuerdo con la Universidad de Puerto Rico para establecer la Academia Ética en la Integración de la Inteligencia Artificial, una iniciativa pionera para formar criterios éticos en el uso de nuevas tecnologías en el servicio público. Asimismo, se fortaleció el programa de prácticas legales supervisadas, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, apostando al desarrollo de una nueva generación de profesionales éticos. De igual modo, puso en marcha el programa piloto de gobernanza municipal con los ayuntamientos de Ciales y Cidra.

Asesoramiento y monitoreo continuo

El área de Asesoramiento Jurídico y Litigación (AAJL) emitió 552 consultas formales, respondió 183 solicitudes de autorización y procesó 996 consultas adicionales a través de llamadas, correos y visitas. En paralelo, el área de Auditoría de Informes Financieros (AAIF) evaluó 14,644 informes financieros de servidores públicos, reforzando la fiscalización preventiva y la rendición de cuentas.

“Nuestro trabajo no se limita a sancionar. Acompañamos, asesoramos y educamos para que la ética sea parte diaria de la toma de decisiones en el gobierno. La ética pública no es un ideal; es una práctica continua,” concluyó el director ejecutivo.

La Oficina de Ética Gubernamental reafirma su compromiso con una administración pública íntegra, fiscalizada y guiada por los más altos estándares de conducta.