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Exhortación a emitir comentarios sobre propuesta de incremento al pago por hora trabajada 

PorNotiséis  -
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Money in wallet. Foto: https://es.vecteezy.com/

Con el propósito de fomentar la participación ciudadana, la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo invita al público a compartir sus comentarios y opiniones sobre la disposición de ley que aumentaría el salario mínimo a $10.50, por hora trabajada, a partir del 1 de julio de 2024. Además, podrán expresarse respecto a otros asuntos bajo la jurisdicción de la Comisión relacionados con el salario de los empleados agrícolas, el de los que reciben propinas, así como el de los administradores, ejecutivos y profesionales. Los comentarios deben ser remitidos a través del correo electrónico: comisionsalario@trabajo.pr.gov.

“El 21 de septiembre de 2021 el gobernador, Pedro R. Pierluisi, promulgó la Ley Núm. 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”. Esta legislación aumentó el salario mínimo estatal aplicable en la isla y estableció la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) la cual tiene la responsabilidad de determinar los ajustes pertinentes al salario mínimo local. De acuerdo con la legislación vigente, el salario mínimo estatal habrá de aumentar a $10.50 por hora de trabajo a partir del 1 de julio de 2024, sujeto al análisis de la Comisión Evaluadora, quien podría emitir un decreto mandatorio variando el mismo. En las próximas semanas, nos aprestamos a anunciar la determinación respecto a este incremento salarial, tomando en cuenta el análisis económico y el asesoramiento de la firma Abexus Analytics quien fue contratada para tales fines luego de un proceso competitivo que culminó a finales del año pasado. Esta determinación será objeto de un decreto mandatorio que, por tratarse de un reglamento, estará sujeto al período de 30 días para comentarios públicos y la posible celebración de vistas públicas al amparo de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, antes de la decisión final que podría modificar el salario mínimo en la isla”, expresó el secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado-González.

En estos momentos, la Comisión hace un llamado para recibir comentarios de la población con el fin general de conocer las impresiones de los distintos sectores en relación con el aumento al salario mínimo antes de la publicación del decreto mandatorio. Luego que se publique el decreto mandatorio, comenzará un periodo formal y distinto para el recibo de comentarios dirigidos específicamente a la propuesta que surja de dicho documento.

La Comisión es presidida por el titular del DTRH como miembro exoficio y representante del interés público. Además, está integrada por distinguidos profesionales quienes representan a la academia, disciplina de la economía, los intereses de los trabajadores y patronos del sector privado. Se compone de la doctora Indira Luciano Montalvo quien es vicepresidenta y representante de los economistas de Puerto Rico, el doctor Iyari Ríos González como economista en representación de los trabajadores, señor Jaime Núñez Acosta representante del sector patronal y señor Wilkin López del Valle quien funge como representante de los intereses de los trabajadores.

Luego de cumplir con el riguroso proceso de ley para nombrar y confirmar el mínimo de miembros necesario para contar con quórum en la toma de decisiones, la Comisión ha trabajado diligentemente diversos asuntos internos, incluyendo la elaboración de los informes económicos requeridos por ley para fijar el salario mínimo en Puerto Rico y el pronunciamiento de su postura oficial sobre el reglamento propuesto por la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos con el fin de aumentar el nivel de salario mínimo semanal que deben devengar los empleados clasificados como ejecutivos, profesionales y administradores, entre otros asuntos que dispone la ley.

Conforme a la Ley Núm. 47-2021, el compromiso de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo es garantizar una remuneración justa y equitativa para todos los trabajadores de la isla, basada en datos y análisis económicos de nuestra jurisdicción.

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