Un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico emitió dos pliegos acusatorios, por separado, contra Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Bones Torres por violaciones a la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act en inglés) y a la Ley de Ríos y Puertos (Rivers and Harbors Act en inglés), anunciaron W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, y Todd Kim, Subsecretario de Justicia y jefe de la División del Medioambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de los EE.UU. Los cargos están relacionados a la construcción ilegal y depósito de materiales en los humedales y aguas estadounidenses en el área de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos (la Reserva Estuarina de Jobos) y la comunidad Las Mareas en Salinas, Puerto Rico.
Varias agencias federales participan en esta investigación sobre delitos ambientales en la Reserva Estuarina de Jobos y la comunidad Las Mareas, incluyendo la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA-CID por sus siglas en inglés), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército de los EE.UU. (Army-CID por sus siglas en inglés), la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de los EE.UU. (DOC-OIG por sus siglas en inglés), la Oficina para la Implementación de Leyes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA-OLE por sus siglas en inglés) y la Oficina para la Implementación de Leyes del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FW-OLE por sus siglas en inglés).
Las acusaciones establecen que, desde aproximadamente enero del 2020 hasta octubre del 2022, Luis Enrique Rodríguez Sánchez (Rodríguez Sánchez) y Pedro Luis Bones Torres (Bones Torres) virtieron, a sabiendas, material de relleno de maquinaria de excavación en humedales y aguas estadounidenses en violación a la Ley de Agua Limpia. Además, se acusó a Rodríguez Sánchez y Bones Torres de construir estructuras dentro de aguas navegables estadounidenses sin autorización del Secretario del Ejército, en violación a la Ley de Ríos y Puertos.
La Ley de Agua Limpia fue aprobada por el Congreso en 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de Estados Unidos. El próposito principal de la Ley de Agua Limpia es asegurar la restauración y mantenimiento de la integridad química, física y biológica de las aguas del país. La ley prohíbe la descarga de cualquier contaminante o material de relleno en aguas estadounidenses, excepto cuando se obtenga un permiso de los Estados Unidos.
La Ley de Ríos y Puertos fue aprobada originalmente en 1899 y generalmente se considera la ley ambiental más antigua de los Estados Unidos. Sirve para regular y proteger las aguas navegables estadounidenses y prohibir la construcción no autorizada de estructuras en esas aguas.
Tanto la Ley de Agua Limpia como la Ley de Ríos y Puertos protegen las aguas costeras de la Reserva Estuarina de Jobos.
La Reserva Estuarina de Jobos fue nombrada reserva nacional de investigación estuarina por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en el 1981 y consta de aproximadamente 2,800 acres de ecosistema costero en en litoral meriodional de Puerto Rico. La Reserva Estuarina de Jobos contiene islas y bosques de manglares, humedales mareales, arrecifes de coral, lagunas, salinas, bosques secos y praderas marinas. También es hogar del pelícano pardo, el halcón peregrino, la tortuga carey y el manatí antillano, especies en peligro de extinción. La Reserva Estuarina de Jobos es propiedad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) y es operado por éste.
Ambos, Rodríguez Sánchez y Bones Torres, fueron arrestados, y está previsto que comparezcan hoy ante el Juez Magistrado Marshal D. Morgan del Tribunal de Distrito de los EE.UU. del Distrito de Puerto Rico para sus respectivas vistas iniciales. Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán hasta un total de cuatro años de cárcel, multas y medidas cautelares para eliminar las estructuras ilegales.
“Estos casos demuestran nuestro compromiso para proteger los ecosistemas de los humedales, el cual tiene muchos beneficios públicos y ambientales”, comentó Todd Kim, Subsecretario de Justicia y jefe de la División del Medioambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia de los EE.UU. “Los humedales costeros protegen a las comunidades de las marejadas ciclónicas y los huracanes, protegen a las especies vulnerables de la explotación, estabilizan los estuarios y proveen una filtración natural del agua que mejora su calidad”.
“La Fiscalía Federal está comprometida en hacer cumplir las leyes federales de protección ambiental y responsabilizar a los infractores de los daños causados. Estas leyes protegen a los animales, los recursos y los hábitats en Puerto Rico, la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos y la comunidad Las Mareas. La contaminación, el relleno y la construcción no autorizada dentro de las aguas protegidas de los Estados Unidos también plantean problemas de inundaciones y mitigación de huracanes para las comunidades aledañas. Por lo tanto, son una prioridad para el cumplimiento de las leyes ambientales federales”, expresó W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Los humedales costeros de Puerto Rico son un recurso importante, ya que proveen un hábitat para numerosas especies en peligro de extinción y sirven de amortiguador natural contra los efectos de los huracanes y las inundaciones, fenómenos que van en aumento con el cambio climático”, mencionó el Agente Especial a Cargo Tyler Amon de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. “Los hábitats costeros de Puerto Rico han sido habitualmente explotados y maltratados por desarrolladores y arrendatarios ilegales, pero las acusaciones de hoy demuestran que la EPA y nuestros compañeros federales del orden público están trabajando activamente para detener estas actividades ilegales y proteger estas zonas para las generaciones futuras”.
“La conservación y protección del mundo que todos compartimos es nuestra responsabilidad colectiva e individual. Lo que ven hoy es el resultado de esa responsabilidad colectiva que ha sido tomada en serio por quienes estamos llamados a servir y proteger”, dijo Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina del FBI en San Juan. “Nuestro compromiso en el FBI es investigar y reducir al máximo las amenazas a nuestra seguridad pública y nacional, y estamos plenamente comprometidos con nuestros compañeros locales y federales para que así sea. Dondequiera que se lleven a cabo violaciones a las leyes federales, espere ver al FBI trabajando mano a mano con nuestros compañeros. El mensaje debe ser claro: se aplicarán las leyes de protección ambientales y los infractores deberían esperar las consecuencias”.
“Las acciones de hoy son una clara señal que la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio (DOC-OIG) está dedicada a la investigación de posibles fraudes, despilfarros y abusos en proyectos que reciben fondos de la NOAA. La DOC-OIG aprecia grandemente los esfuerzos de cooperación entre nuestros compañeros fiscales y policiales en la aplicación de las leyes que protegen el ambiente y la belleza natural de Puerto Rico”, comentó Jeffrey Lysaght, Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de los EE.UU.
El Agente Especial a Cargo de la Oficina para la Implementación de Leyes del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre del Sudeste, Stephen Clark, declaró que, “Continuamos trabajando con nuestros compañeros en proteger los ecosistemas frágiles que sirven de hogar para las especies silvestres autóctonas y seguiremos llevando ante la justicia a quienes pretenden explotar estos recursos con total desprecio de las consecuencias que trae para el pueblo y los recursos naturales de Puerto Rico”.
“Estamos dedicados a hacer cumplir las leyes que conservan y protegen los recursos marinos de nuestra nación y su hábitat natural”, dijo Manny Antonaras, Director Auxiliar de la Oficina para la Implementación de Leyes, División Sureste de la NOAA. “Este caso resalta la importancia de nuestra colaboración continua con los compañeros del orden público para exigir responsabilidades a quienes infringen las normas.”
“Estamos muy satisfechos con el anuncio de hoy”, declaró el Agente Especial a Cargo L. Scott Moreland de la División de Investigación Criminal de la Oficina de Investigación de Malversación de Adquisiciones del Departamento del Ejército de los EE. UU. “Esto es un verdadero testamento de nuestro compromiso continuo de colaborar estrechamente con nuestros compañeros de las demás agencias para investigar las violaciones a las leyes federales.”
El caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Sénior Patrick M. Duggan de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Fiscal Federal Auxiliar Seth A. Erbe, coordinador de litigios ambientales de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Estas acusaciones son parte de una investigación en curso. Si usted tiene alguna información relacionada a esta investigación o a delitos ambientales locales, por favor contacte a los oficiales del órden público. Usted puede hacerlo de manera anónima si lo desea. Para contactar a la EPA, llame al (787) 977-5821 o visite la página web https://echo.epa.gov/denuncie-violaciones-ambientales. Para contactar al FBI, llame al (787) 987-6500 o visite la página web https://tips.fbi.gov/.
Para más información acerca de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, visite la página web https://www.drna.pr.gov/jbnerr/ o https://coast.noaa.gov/nerrs/reserves/jobos-bay.html.
Una acusación no es más que una alegación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestro su culpabilidad más allá de duda razonable ante un tribunal.
