Un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió una acusación de 43 cargos acusando a Sophia Piñeiro-Ruscalleda, la doctora Alice Ruscalleda-Lebrón y Juan José Ruscalleda, ex funcionarios de New Health Med Group, Inc. (NHMG), por supuesto fraude en la atención médica, robo de identidad agravado, conspiración para cometer fraude en la atención médica y obstrucción de una investigación penal relacionada con delitos relacionados con la atención médica, trascendió el miércoles.
Los acusados fueron arrestados, según lo anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG) estuvo a cargo de la investigación.
“No se tolerará defraudar al programa de Medicare mediante la presentación de reclamos falsos y continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los responsables de sus acciones criminales”, dijo el fiscal federal Muldrow en comunicación escrita.
“Los profesionales médicos que roban fondos federales para el cuidado de la salud desvían los escasos recursos necesarios para brindar servicios esenciales a los beneficiarios. Este caso demuestra nuestra determinación de atacar el fraude y restaurar la confianza en los programas federales destinados a beneficiar a los ciudadanos de Puerto Rico”, añadió.
Según la acusación formal, desde julio de 2015 hasta marzo de 2017, Sophia Piñeiro-Ruscalleda, la doctora Alice Ruscalleda-Lebrón y Juan José Ruscalleda supuestamente se enriquecieron al presentar o hacer que se presenten reclamaciones falsas y fraudulentas al programa de Medicare. Los reclamos presentados por los demandados fueron por servicios presuntamente prestados por varios proveedores en nombre de NHMG, cuando dichos proveedores no prestaron dichos servicios y nunca trabajaron para NHMG en las fechas de servicio enumeradas en los reclamos presentados.
Los acusados supuestamente presentaron y o hicieron que se enviara a Medicare un total de 2,711 reclamaciones utilizando varios identificadores de proveedores de servicios por un total de 194,960 dólares. Los acusados enfrentan una acusación de pérdida de fraude a la atención médica de 85,422 dólares, que constituye la cantidad de dinero que Medicare pagó a los acusados.
Si se los encuentra culpables, los acusados enfrentan sentencias máximas de: (a) hasta diez años de prisión por cargos relacionados con fraude a la atención médica y conspiración para cometer fraude a la atención médica; (b) hasta cinco años de prisión por la obstrucción de una investigación penal relacionada con delitos de salud; y (c) un período obligatorio de dos años consecutivos en prisión por robo de identidad agravado.
El caso fue investigado por el HHS-OIG y fue procesado por el fiscal federal adjunto José Ruiz Santiago, coordinador de fraude en la atención de la salud penal en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
