El pasado 10 de julio de 2025, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra una mujer de Bayamón por tráfico sexual de menores contra Lizamarie Rivera-García, de 42 años, quien fue arrestada hoy por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
“Estos cargos reflejan la gravedad de la conducta de la acusada hacia sus víctimas”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. “La explotación sexual infantil les priva de su libertad, dignidad y seguridad. Esta conducta es inaceptable en nuestra sociedad. La Fiscalía Federal y nuestros aliados en las fuerzas del orden utilizarán todos los recursos a su disposición para enjuiciar a los traficantes sexuales y buscar justicia para las víctimas”.
“¡No podemos bajar la guardia! Nuestros hijos están siendo explotados sexualmente por personas en puestos de confianza pública. Las fuerzas del orden se comprometen a ser la voz de estas víctimas”, declaró Rebecca C. Gonzalez-Ramos, agente especial a cargo de HSI San Juan. “El equipo multidisciplinario de HSI garantizará que nuestros hijos reciban la asistencia necesaria para superar este trauma, y nuestros agentes se asegurarán de que estas personas sean arrestadas, evitando que causen más daños. Una maestra de religión, responsable de guiar a nuestros hijos sobre principios y creencias, estaba desarrollando un plan para agredirlos sexualmente. HSI y la Policía de Puerto Rico se comprometen a proteger a nuestros hijos. No permitiremos que estos actos ocurran bajo nuestra supervisión”.
Según documentos judiciales, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, Lizamarie Rivera-García, consciente y deliberadamente, reclutó, incitó, transportó y mantuvo a un menor de 15 años para participar en actos sexuales con fines comerciales. Rivera-García también está acusada de emplear, usar, persuadir, inducir, incitar y coaccionar conscientemente a dicho menor de 15 años para participar en actividades sexuales; transportar a la víctima masculina en un Estado Libre Asociado, Territorio o Posesión de los Estados Unidos, con la intención de que participara en cualquier actividad sexual por la cual cualquier persona pudiera ser acusada de un delito penal; y usar servicios de mensajería instantánea y redes sociales para transferir e intentar transferir material obsceno a una persona menor de 16 años. Además, desde aproximadamente diciembre de 2023 hasta noviembre de 2024, Rivera-García, consciente y voluntariamente, reclutó, atrajo, transportó y mantuvo a un menor de 17 años para participar en actos sexuales comerciales.
De ser declarada culpable de los cargos, la acusada se enfrenta a las siguientes penas: tráfico sexual infantil: una pena mínima obligatoria de 15 años a cadena perpetua; transporte de un menor para participar en actividades sexuales delictivas: una pena mínima obligatoria de 10 años a cadena perpetua; y coacción e incitación a un menor: una pena mínima obligatoria de 10 años a cadena perpetua. Todos los cargos de condena deberán ir seguidos de una pena de libertad supervisada posterior a la prisión de no menos de 5 años a cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
HSI San Juan lidera la investigación de este caso, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico. La fiscal federal adjunta Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del caso.
