La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció el martes que seis personas fueron acusadas por fraude al Seguro Social, dos personas por defraudar a la agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA) y dos sujetos por vender medicamentos no aprobados por la agencia federal de Alimentos y Drogas (FDA).
“Se ha calculado que la pérdida por defraudar el Seguro Social son más de 460 mil dólares, la perdida de las otras agencias envueltas sobrepasa los 700 mil dólares. Para un total de 1.2 millones en este fraude. En diferentes ocasiones nos han preguntado si han surgido cargos por fraude al Huracán María, hoy podemos decir que esta es la primera vez donde hay un caso de daños sustanciales reclamados por el huracán María. También estamos encausando a personas que estaban reclamando por internet que tenían la cura para el cáncer, la diabetes y otras enfermedades cuando no era cierto”, dijo la fiscal en conferencia de prensa.
Según Rodríguez Vélez, Brunilda Rodríguez-Reyes y su hijo, Gerardo Navedo-Rodríguez recibieron el beneficio del seguro social por incapacidad, a pesar a de que sabían que no cualificaban. Recibieron 156 mil, 616 dólares, con 50 centavos del Seguro Social y de Medicare 55 mil,151 dólares con 51 centavos.
Entretanto, Lalín Mercado-Vargas recibió sin merito 168 mil dólares del Seguro Social y 77 mil dólares de Medicare. Ramón Julbe-Rosa recibió 79 mil dólares del Seguro Social y 47 mil de Medicare. Julbe-Rosa también enfrenta acusaciones por recibir beneficios de desempleo del Departamento de Veteranos y por supuestamente mentir para una solicitud de ayuda por daños a la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA) por concepto del huracán María. Se alega que pidió un préstamo de 50 mil dólares, para reparar una propiedad que no era su residencia principal.
Además, Julbe-Rosa y su esposa Ena I. Octaviani enfrentan cargos por violaciones al comercio interestatal, por mercadear por internet el aceite de guanábana, bajo el alegato de que curaba multiples condiciones de salud, como diabetes y cáncer.
Asimismo, Carlos Del Valle-Figueroa se le acusa de vender y distribuir medicamentos recetados, robar propiedad del gobierno federal y hacer falsas representaciones al Seguro Social.
Johana Torres-Figueroa se le imputa utilizar la identidad de una persona de la tercera edad y dar declaraciones falsas al Seguro Social y a FEMA para conseguir beneficios, a pesar de que esa persona no estaba bajo su cuidado.
Finalmente, David Arocho-Castro no le informó al Seguro Social de la muerte de su madre y continuó recibiendo los beneficios del mismo, desde el año 2011 que murió su madre hasta el 3 de diciembre de 2018.
De ser hallados culpables, las penas van desde 10 a 30 años de prisión.
