Federales procesan a dos individuos y a una empresa por esquemas de fraude y lavado de dinero

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Ivelisse Rivera-Padilla y Carla Carrillo Torres, y la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. (“VIP Healthcare”) fueron acusadas formalmente por un Gran Jurado federal en relación con quiebra fraudulenta, esquema de lavado de dinero, PPP fraude y fraude bancario, lo anunció el jueves, el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“Los demandados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También usaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se mantiene alerta en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a quienes desviaron y usaron ilegalmente fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.

Ivelisse Rivera-Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017, hasta mayo de 2022 para defraudar durante su procedimiento de quiebra, In re: Ivelisse Rivera Padilla, Caso No. 17- 01782, todo en violación de 18 U.S.C. § 157. Además, está acusada de 10 cargos de ocultar activos durante su proceso de quiebra en violación de 18 U.S.C. § 152(1), y 3 cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra, en violación de 18 U.S.C. § 152(3).

La acusación formal alega que durante el procedimiento de quiebra, Ivelisse Rivera-Padilla ocultó bienes e ingresos y no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y al Síndico de los Estados Unidos todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de su procedimientos de quiebra, incluidos, entre otros, la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare.

En o cerca del 23 de junio de 2017, Rivera-Padilla incorporó VIP Healthcare, y alrededor del 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para administrar y administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento “Job Andujar”. El contrato otorgó a VIP Healthcare 1,134,000 dólares pagados en cuotas mensuales de 189,000 dólares. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por un monto superior a 9 millones de dólares. Rivera-Padilla accedió, controló y usó más de un millón de dólares de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal sin revelar dichos ingresos durante su proceso de bancarrota.

La acusación formal alega además que Rivera-Padilla ocultó la compra de un apartamento ubicado en Condominium Golf & Playa, Cabo Rojo, Puerto Rico, por $270,000.00, y un terreno de 2,159.5152 metros cuadrados ubicado en Rainforest and Sea View Resort en Luquillo, Puerto Rico. Rico, por 275,000 dólares. Rivera-Padilla también ocultó la creación y participación en otra entidad corporativa conocida como Farmacia Libertad, así como los ingresos de un negocio de alquiler de propiedades a través de AirBnB.

Los demandados Rivera-Padilla, Carrillo-Torres y VIP Healthcare enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el proceso de quiebra. Estas transacciones se realizaron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para Rivera-Padilla y Carrillo-Torres.

Además, Carrillo-Torres y VIP Healthcare están acusados de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de 249,755.35 dólares.

Si es declarada culpable, Carla Carrillo-Torres puede ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de un millón de dólares por violaciones de 18 U.S.C. §§ 1014 y 1344 (Fraude Bancario). Por cada cargo de lavado de dinero bajo 18 U.S.C § 1957, Rivera-Padilla y Carrillo-Torres enfrentan hasta 10 años de prisión. Además, Rivera-Padilla también enfrenta hasta 5 años de prisión por cada cargo bajo 18 U.S.C §§157 y 152 (Fraude de bancarrota). VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones, por cada cargo de condena.

“Junto con el fiscal federal Muldrow y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo el fraude y el abuso en los casos de bancarrota”, declaró Mary Ida Townson, fideicomisaria de los Estados Unidos para Georgia, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes (Región 21). “Estoy agradecido por el nombramiento por parte del Fiscal Federal de dos Fiscales Federales Auxiliares Especiales de nuestra oficina de San Juan para el enjuiciamiento de quienes se involucran en conductas fraudulentas en casos de bancarrota”. El Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos es el componente del Departamento de Justicia que protege la integridad del sistema de quiebras al supervisar la administración de casos y litigar para hacer cumplir las leyes de quiebras.

“Durante el curso regular de una investigación, el FBI brinda a las personas involucradas en actividades delictivas numerosas oportunidades para hacer lo correcto. Tal fue el caso de estos dos sujetos. El mensaje del FBI ha sido claro desde el primer día. Ven a nosotros antes de que nosotros vengamos a ti. Estamos comprometidos a investigar cada violación hasta su última consecuencia”, dijo Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

Están a cargo de la acusación en este caso el Fiscal Federal Auxiliar Especial José Capó Iriarte y el Fiscal Federal Auxiliar Especial José C. Díaz Vega de la Oficina del Síndico de los Estados Unidos.

El caso fue investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y es una continuación de la investigación que involucra contratos municipales adjudicados en el Municipio de Cataño, que ha resultado en la condena de múltiples contratistas y funcionarios públicos.

Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.