El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, estableció hoy mediante la Orden Ejecutiva 2022-014, un aumento al salario mínimo de los empleados diestros a 15 dólares la hora, y los no diestros a 11 dólares por hora en los proyectos de reconstrucción o recuperación de Puerto Rico que sean pagados, total o parcialmente, con fondos federales. Esto es consistente con la política pública de la administración del presidente Joe Biden que ordenó una paga mínima de 15 dólares la hora para empleados de contratistas del gobierno federal.
Esto aplicará a los trabajadores que laboren en proyectos de construcción del Gobierno, sufragados con fondos federales para la reconstrucción y recuperación de la Isla tras los huracanes de 2017 y los terremotos del 2020. Aparte de esto, se establecen los parámetros para la implementación de Acuerdos Laborales de Proyectos, comenzando con un Programa Piloto cuya ejecución será evaluada a los fines de determinar la permanencia o no de este tipo de acuerdo en proyectos de reconstrucción sufragados total o parcialmente con fondos federales.
“La política pública de mi administración es aumentar la eficiencia y productividad en los trabajos de reconstrucción. Esta Orden Ejecutiva logra un balance entre una paga justa y condiciones razonables para los trabajadores de la construcción y por otro lado, que no se afecten o dilaten las obras de reconstrucción. Es importante que proveamos mecanismos para mejorar las condiciones de nuestros obreros y aseguremos que con el desarrollo de obras mejore la economía local, por lo que esta Orden ayudará a aumentar la empleomanía en este sector tan necesario para adelantar la reconstrucción de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.
La nueva Orden Ejecutiva establece el Programa Piloto para la Incorporación de Acuerdos Laborales de Proyectos que se implantará únicamente en los proyectos de construcción de más de $5 millones y que sean sufragados total o parcialmente con fondos federales destinados a la reconstrucción provenientes del programa de Asistencia Pública de FEMA bajo la Sección 406 de la Ley Stafford. Es importante mencionar que no aplica a proyectos de municipios, ni entidades no gubernamentales. El Acuerdo Laboral será requisito para licitar en una subasta relacionada a un proyecto piloto. Además, se aplicará a todos los trabajos cubiertos bajo la subasta adjudicada y no incluye ningún otro trabajo adjudicado bajo licitaciones anteriores o posteriores. Tampoco incluye contratos otorgados y ejecutados para trabajo de limpieza o remoción de escombros.
Esta Orden es de aplicación prospectiva, por lo que los contratos ya firmados y los procesos para la contratación comenzados o ya publicados, así como sus enmiendas o extensiones, no estarán sujetos a estas disposiciones. Los contratos o acuerdos firmados, incluyendo enmiendas subsiguientes, continuarán vigentes según sus términos y condiciones.
El 18 de marzo del año pasado, mediante el Boletín Administrativo 2021-023, Pierluisi había aumentado el salario mínimo a $10.95 la hora para los trabajadores de construcción de obras de reconstrucción sufragadas con fondos federales. En dicho boletín se creó además el Consejo Asesor Multisectorial de Acuerdos Laborales de Proyectos, al cual se le encomendó establecer las guías y los protocolos para que se evaluara la necesidad y conveniencia de incorporar un Acuerdo Laboral de Proyecto como requisito para licitar y contratar distintas obras.
Precisamente, en la nueva Orden Ejecutiva se crea el Comité Evaluador de Acuerdos Laborales de Proyectos que estará presidido por el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González, y estará integrado por el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Laboy, y el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco.
Se han designado más de $50,000 millones de fondos directos de los programas de Asistencia Pública y el Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos de FEMA y los programas CDBG-DR y CDBG-MIT del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos para la reconstrucción de la isla. Además, se han asignado miles de millones de dólares aprobados bajo la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica por coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), así como otros fondos federales de estímulo otorgados a raíz de la pandemia por el COVID-19. La utilización adecuada de estos fondos representa una inyección inmediata a la economía mientras que, a su vez, se moderniza la infraestructura.
