Con el objetivo de fortalecer la protección de los animales y brindar herramientas adicionales para combatir el maltrato, la crueldad, el abandono y el abuso animal, la gobernadora, Jenniffer González Colón firmó hoy el Proyecto del Senado 107, ahora la Ley 115-2026 de autoría del senador Carmelo Ríos Santiago y coautoría del senador Jeison Rosa Ramos, medida que crea la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”.

Esta legislación establece un remedio de naturaleza civil que complementa los mecanismos criminales ya existentes en Puerto Rico para atender casos de maltrato animal. Entre sus disposiciones más importantes, faculta a cualquier persona a presentar una acción judicial para proteger a un animal víctima de crueldad, abandono o abuso, aún cuando no sea su guardián o poseedor.

“El bienestar de los animales es un asunto de sensibilidad, responsabilidad y justicia. Esta medida fortalece las herramientas disponibles para intervenir de manera más rápida y efectiva cuando exista evidencia de maltrato o abandono, garantizando la protección de aquellos seres que no pueden defenderse por sí mismos”, expresó el senador Carmelo Ríos.

La ley permitirá que los tribunales emitan órdenes de custodia provisional cuando existan alegaciones juradas que demuestren actos de crueldad, abandono o abuso, otorgando a una persona o entidad la capacidad de asumir temporalmente el cuidado del animal mientras se dilucidan los procedimientos judiciales.

Asimismo, la gobernadora convirtió en ley el Proyecto del Senado 622, de la autoría del senador Wilmer Reyes Berríos y coautoría de los senadores Nitza Morán Trinidad, Jeison Rosa Ramos, Brenda Pérez Soto, Luis Daniel Colón La Santa, Rafael Santos Ortiz y Karen M. Román Rodríguez, estableciendo la nueva Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial, ahora Ley 116-2026.

La nueva legislación tiene como propósito garantizar que los ciudadanos conozcan cuándo están interactuando con sistemas automatizados o de inteligencia artificial en agencias y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, así como proteger su derecho a solicitar la intervención de una persona durante la prestación de servicios públicos.

La Ley 116-2026 dispone que toda agencia o corporación pública que utilice asistentes virtuales, chatbots, algoritmos de procesamiento de datos u otros sistemas automatizados para interactuar con ciudadanos deberá informar de manera clara y accesible cuando una persona esté a punto de interactuar con inteligencia artificial.

Además, establece la obligación de ofrecer una alternativa razonable para que el ciudadano pueda solicitar atención o intervención humana durante cualquier etapa del proceso.
La medida reconoce que el uso de tecnologías emergentes puede mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a los servicios gubernamentales, pero también destaca la necesidad de preservar los derechos de los ciudadanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables, garantizando procesos transparentes, accesibles y centrados en el ser humano.

Con la firma de esta legislación, la gobernadora estableció un marco de protección ciudadana que busca balancear la innovación tecnológica con la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y el respeto a la dignidad de las personas.