(Cybernews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced se expresará en algún momento de la tarde del viernes, sobre el Plan de Ajuste Fiscal sometido al Tribunal federal por la Junta de Control Fiscal (JCF), el cual contempla un recorte de 8.5 por ciento a las pensiones mayores de 1,200 dólares mensuales.
“En principio estamos en contra de cualquier recorte de pensiones, pero entendemos los riesgos que hay en este proceso. Entendemos la posición del Comité (Oficial) de Retirados que ha hecho unos acuerdos con la Junta. Entendemos que hay unos beneficios grandes en el recorte de la deuda. Entendemos que el proceso de restauración de beneficios también podría ser positivo. La intención del gobierno va a ser siempre buscar la manera de mitigar y restaurar cualquier tipo de recorte que se le haga a los pensionados”, dijo el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Ely Díaz Atienza.
“La gobernadora está analizando los riesgos y los beneficios que tiene esta transacción. Continuaremos viendo el proceso de mediación y entendemos importante darle paso a empezar a resolver esto”, añadió.
Por su parte, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero sostuvo que no beneficiaría a los pensionados oponerse al acuerdo alcanzado entre el Comité Oficial de Pensionados y la JCF.
“Por principios filosóficos, por la sensibilidad que debe tener un gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico con poblaciones vulnerables, siempre nos hemos opuesto y nos vamos a continuar oponiendo a un recorte. Ahora bien, en vista de que esto fue un acuerdo alcanzado por un Comité de Retirados, reconocemos que a esta altura insistir en una política de no recorte iría en contra del acuerdo que llegó ese grupo oficial de retirados. E implicaría la posibilidad de mayores recortes”, expresó Marrero.
El presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión, tercero explicó que según el acuerdo sometido para la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, el recorte de 8.5 por ciento es sobre aquellos que reciben 1,200 dólares en pensiones o más, pero no toma en consideración la cantidad adicional que pueden recibir por el Seguro Social. Eso- según Carrión, tercero- afecta aproximadamente el 40 por ciento de los retirados de Puerto Rico. La mayor parte de los retirados recibe 1,200 dólares o menos
“Hay integrado en el plan (un lenguaje que establece) que si hay un superávit en el presupuesto, se devuelve ese dinero para reintegrarlo al pago de las pensiones. Eso dependerá de la disciplina fiscal y del crecimiento económico. Esperamos que se cumpla para así poder restituir ese dinero a las pensiones”, expresó Carrión, tercero.
Por su parte, José Ramón González expresó que para el pago de pensiones, se creará un Fideicomiso a 30 años, que será alimentado con recursos que asegurarán el pago de las pensiones.
“Si bien la realidad legal es que las pensiones difícilmente se pueden proteger en su totalidad, estamos logrando crear una estructura con este plan y si este plan es confirmado, le proveería más certeza, más seguridad y recursos específicamente asignados para el pago de pensiones. Le estamos dando fortaleza a unas bases del gobierno que actualmente son muy débiles. Esperamos que sea litigado, será discutido, será protestado por algunas partes, pero esperamos que esencialmente de la forma que lo planteamos será confirmable por el tribunal”, mencionó González.
El resto del Plan de Ajuste Fiscal contempla además el pago de la deuda que tiene el Gobierno de Puerto Rico con sus acreedores. Para la misma, se hizo un recorte de 35 mil millones de dólares a 12 mil millones de dólares. Ese recorte baja el nivel de pago de la deuda- que actualmente está en un 30 por ciento del presupuesto anual- a 9 por ciento. Este acuerdo no incluye la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica ni de la Autoridad de Carreteras. La baja anual en el pago de la deuda es de 4,200 millones de dólares (que al momento no se pagan por el llamado ‘Stay’ que aprobó el Tribunal federal) a menos de 1,500 millones de dólares.
“También incluye unos límites para que en el futuro la deuda nada más se emita cuando vaya a ser para pagar edificios, autopistas, cosas que van a estar con nosotros en el futuro y se mantenga a un nivel sostenible en el futuro, o sea, menos de un 10 por ciento”, explicó Ana Matosantos. Por la Constitución de Puerto Rico, el límite permitido para cumplir con el pago de deuda es de 15 porciento.
“El gobierno tiene que cumplir con que la deuda emitida en el futuro sea pagadera a 30 años, que no se use para pagar gastos recurrentes, que la restructuración de la deuda no sea para someter las cosas a largo plazo, sino que sea para tener más ahorros y menos obligaciones y que el límite de la deuda emitida se limite a un 10 por ciento, o sea menos del límite constitucional del 15 por ciento”, sostuvo.
