La gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González Colón, firmó dos medidas legislativas de administración que promueven la formación académica y profesional de los futuros miembros de la Policía de Puerto Rico y restablecen el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes como parte integral del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
La firma la hizo junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer; el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González; la superintendente asociada de la Policía Diana Crispín; la superintendente auxiliar en Educación y Adiestramientos de la Policía coronel Alba Díaz; el director de la Oficina de Base de Fe de Fortaleza, licenciado Juan Gaud Pacheco; Gregorio Matías, senador por acumulación y presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y un grupo de sobre 15 capellanes de distintas denominaciones religiosas que integrarán el nuevo cuerpo interdenominacional.
“Hoy estoy firmando dos medidas que facilitaran los procesos de acuerdos colaborativos entre distintas agencias, el sector público y privado para que tengamos un mejor reclutamiento de policías, lo que nos permitirá poder aumentar el número de miembros de la uniformada”, informó la gobernadora.
Educación y oportunidad para los futuros policías- Ley 123-2025
La primera ejecutiva firmó la medida de Administración 29 (Proyecto de la Cámara 445), que enmienda la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico con el fin de establecer programas académicos o currículos a nivel de escuela superior que permitan a los estudiantes interesados en ingresar a la Academia de la Policía adelantar los créditos universitarios requeridos.
“Esta medida busca facilitar la transición de los jóvenes hacia la carrera policiaca, promoviendo la creación de acuerdos colaborativos entre el Departamento de Educación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Universidad de Puerto Rico y otras entidades públicas y privadas. Con ello, se busca atender uno de los mayores retos del proceso de reclutamiento: el requisito de obtener un grado asociado antes de incorporarse como agente. Este proyecto es parte de nuestros compromisos programático como medida para poder brindarle seguridad a la gente, eliminar los procesos burocráticos que no permiten que podamos tener un mayor reclutamiento en la Policía de Puerto Rico”, dijo González Colón.
Reafirmación del servicio espiritual – Ley 124-2025
Por otro lado, González Colón estampó su firma la medida de Administración 30 (Proyecto de la Cámara 446) que enmienda la Ley 20-2017, que organiza el DSP, para crear formalmente el Cuerpo Interdenominacional de Capellanes de Puerto Rico, el cual integrará todos los cuerpos de capellanes existentes en las agencias de gobierno.
Este cuerpo ofrecerá servicios voluntarios de consejería, apoyo emocional y asistencia espiritual a empleados públicos, sus familias y la ciudadanía en general durante situaciones de emergencia, desastres naturales o crisis personales.
La nueva ley corrige la exclusión del Cuerpo de Capellanes ocurrida durante la aprobación de la Ley 20-2017, reafirmando su valor histórico y comunitario. El cuerpo estará compuesto por representantes de distintas denominaciones, entre ellas la Iglesia Católica, la Fraternidad Pentecostal, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, la Comunidad Hebrea, la Comunidad Musulmana y otras entidades religiosas registradas en el Departamento de Estado.
Refuerzo a las leyes de protección a los miembros de la Policía
De igual forma, la gobernadora firmó el pasado esta semana, dos medidas legislativas adicionales relacionadas con la Policía de Puerto Rico y la seguridad pública, que fortalecen las protecciones legales para los agentes del orden público.
• Proyecto de la Cámara 580 – Ley 120-2025
La medida es de la autoría del presidente de la Cámara de Representes y representante por el distrito 36 Carlos J. Méndez Núñez y el representante por Distrito 9, Félix E. Pacheco Burgos.
Este proyecto enmienda el Código Penal de Puerto Rico para que sea un agravante automático cuando se comete un delito contra un funcionario del orden público en el cumplimiento del deber.
Esta disposición permitirá imponer penas más severas contra quienes agredan o atenten contra la vida de policías y otros agentes del orden público, incrementando hasta un 25% adicional el tiempo de cárcel o la cantidad de la multa, según la naturaleza del delito.
• Proyecto de la Cámara 581 – Ley 121-2025
También de la autoría de la autoría del presidente de la Cámara de Representes y representante por el distrito 36 Carlos J. Méndez Núñez y el representante por Distrito 9, Félix E. Pacheco Burgos).
Este proyecto enmienda el Código Penal para tipificar como delito grave la agresión a un agente del orden público en el cumplimiento del deber, con una pena fija de reclusión de cinco años.
La suma de las penas establecidas en estas dos leyes significa que toda persona convicta de agredir a un policía estatal o municipal en el cumplimiento del deber podrá enfrentar una pena de hasta seis años y tres meses de reclusión, al combinarse la pena fija y el agravante aplicable.
