La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 14, ahora la Ley 108-2026, una medida de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y coautoría del senador Gregorio Matías, dirigida a fortalecer la protección de los consumidores en la industria de apuestas deportivas mediante la regulación del uso de información recopilada por los operadores de apuestas.

La legislación enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para establecer límites claros sobre la recopilación y utilización de información relacionada con las apuestas realizadas por jugadores autorizados, particularmente ante el avance de tecnologías de inteligencia artificial capaces de analizar y predecir patrones de comportamiento.

“Con esta legislación damos un paso importante para proteger la privacidad de los ciudadanos y garantizar que las nuevas tecnologías se utilicen de manera responsable. La innovación debe ir de la mano con la transparencia y la protección de los consumidores, especialmente en industrias sensibles como las apuestas deportivas”, expresó la gobernadora.

La medida dispone que los operadores de apuestas y sus proveedores de servicios únicamente podrán recopilar y utilizar información de los jugadores para fines regulatorios, operacionales, estadísticos, de cumplimiento y de juego responsable, incluyendo la prevención de lavado de dinero, la identificación de patrones de riesgo y la orientación a los jugadores. Asimismo, prohíbe expresamente el uso de estos datos para manipular el comportamiento de los apostadores mediante predicciones diseñadas para fomentar patrones compulsivos de juego o incentivar apuestas excesivas.

La legislación establece además sanciones para cualquier persona o entidad que incumpla con las disposiciones aprobadas, reforzando el marco regulatorio de la industria y alineando a Puerto Rico con tendencias internacionales orientadas a promover prácticas de juego limpio y el uso ético de la inteligencia artificial.

González Colón también convirtió en ley el Proyecto de Administración 85, ahora Ley 109-2026, una medida dirigida a fortalecer la protección y el acceso a la justicia para los adultos mayores víctimas de delitos en Puerto Rico.

La nueva legislación enmienda la Regla 131.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 para permitir que los adultos mayores víctimas de maltrato, explotación financiera, agresión física o sexual, incumplimiento de la obligación alimentaria, abandono o negligencia puedan ofrecer su testimonio fuera de la sala del tribunal mediante un sistema televisivo de circuito cerrado, cuando así lo determinen las circunstancias establecidas por ley.

“La protección de nuestros adultos mayores es una prioridad para esta administración. Con esta legislación damos un paso importante para garantizar que las víctimas de delitos puedan participar plenamente de los procesos judiciales sin que las limitaciones físicas, emocionales o cognitivas asociadas a la edad se conviertan en una barrera para obtener justicia”, expresó la gobernadora.

La medida reconoce la realidad demográfica de Puerto Rico, donde más de una cuarta parte de la población tiene 60 años o más, y busca atender los desafíos que enfrentan muchas personas de edad avanzada al momento de comparecer ante los tribunales.

La ley establece que el uso del circuito cerrado podrá autorizarse cuando el tribunal determine que la presencia del acusado podría causar un trastorno emocional serio que impida al declarante comunicarse efectivamente. El testimonio continuará realizándose bajo juramento y garantizando el derecho de las partes al contrainterrogatorio, preservando así las garantías del debido proceso de ley.

Asimismo, la legislación amplía las protecciones ya existentes para menores de edad y otras víctimas vulnerables, incorporando expresamente a los adultos mayores que hayan sido víctimas de determinadas modalidades de delito.

De otro lado, la primera ejecutiva, firmó la Ley 110-2026 de autoría de la rerpesentante, Yashira M. Lebrón que enmienda la Ley de Préstamos Personales Pequeños con el propósito de modernizar los requisitos aplicables a las instituciones que ofrecen préstamos de cuantías bajas, fomentar una mayor competencia en el mercado y ampliar el acceso a alternativas de crédito para los consumidores.

La nueva legislación reduce de $200,000 a $50,000 el requisito de activos líquidos mínimos para la obtención de licencias por parte de concesionarios de préstamos personales pequeños, alineando la normativa de Puerto Rico con estándares prevalecientes en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Asimismo, incorpora mecanismos alternos para cumplir con parte de dichos requisitos financieros y fortalece las disposiciones de transparencia para beneficio de los consumidores.

“La aprobación de esta medida contribuye a eliminar barreras innecesarias para el establecimiento de nuevos negocios financieros, ampliando las opciones de crédito disponibles para los ciudadanos, mientras se mantienen las protecciones necesarias para los consumidores”, expresó la gobernadora.

Por otra parte, mediante la Resolución Conjunta 32-2026, la gobernadora autorizó la designación de la Carretera Estatal PR-989, en el municipio de Vieques, con el nombre de “Gerardo Osorio Ramos”, en reconocimiento a su trayectoria de servicio, liderazgo comunitario y compromiso con el desarrollo de la Isla Nena.

Gerardo Osorio Ramos fue un destacado comerciante y líder comunitario viequense cuya vida estuvo marcada por la solidaridad, el trabajo incansable y el compromiso con el bienestar de su pueblo. Su legado incluye importantes aportaciones al desarrollo económico y social de Vieques, así como múltiples iniciativas de ayuda comunitaria que beneficiaron a generaciones de residentes.