La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró que pagará el bono de Navidad a los empleados públicos e indicó que trabajan alternativas con la Junta de Control Fiscal (JCF) para identificar los recursos para realizar el pago.
“Sin duda alguna, ya estamos trabajando con la Junta (de Control Fiscal) para identificar los recursos para el pago del Bono de Navidad”, dijo la gobernadora quien adelantó que se reunirá con el ente federal que regula el presupuesto del país y aseguró que tal como ocurrió en 2019, “este año no será la excepción”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.
De otra parte, Vázquez Garced dijo que la orden ejecutiva sobre el COVID-19 en la Isla se quedará tal y como está luego de que un empleado de la Oficina de Ética Gubernamental arrojara positivo al coronavirus.
“Hasta este momento vamos a dejar la orden ejecutiva como está. Cada cual tiene que tomar las medidas, los centros de trabajo tienen que tomar las medidas, higienizarlas y las medidas de protección para que el gobierno tenga continuidad de sus funciones en beneficio del pueblo puertorriqueño”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.
“A este momento, yo hablo por el día de hoy, hasta el día de hoy no conlleva cambios la orden ejecutiva”, añadió.
Sabía que la JCF pediría el despido de empleados públicos como condición de dar paso a las leyes sobre los sistemas de retiro
Del mismo modo, aunque se mostró en contra de la posición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para el despido de empleados públicos para dar paso a las leyes 80, 81 y 82, dijo el martes que conocía previamente sobre la intención del ente federal.
“La semana pasada tuvimos una reunión virtual precisamente con el presidente de la Junta de Control Fiscal (David Skeel) donde también se encontraba la directora ejecutiva (Natalie Jaresko). Antes de eso tuvimos una reunión con ella donde nos había adelantado que esta era una posibilidad”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.
“Clara y meridianamente dejo claro que aquí nosotros no vamos a aceptar ninguna suspensión de empleados públicos”, añadió.
Mencionó que “sometimos y firmamos la Ley 80, 81 y 82 porque entendíamos y hay documentación de que habían los ahorros. Además, más allá de la justicia social que se hace para todos los retirados que más que merecida la tienen. Así que en esas conversaciones hemos seguido buscando las alternativas para que los recursos se consigan y se pueda dar el retiro digno para estas personas sin el despido de empleados públicos”.
“Eso no es, ni será una opción”, recalcó la mandataria quien aseguró le expresó al ente federal que no aceptará despidos.
Insistió, además, en que continuará con la implementación de las tres leyes que aprobó y mencionó que ya se sometieron las cartas circulares para establecer los requisitos y personas que cualifican.
“Aquel que se quiera retirar y que cualifique, pues tenemos que darle la oportunidad de que siga el proceso. El proceso ha continuado. Y máxime las conversaciones con la Junta para buscar esas alternativas para que se dé la ley 80, 81 y 82 y además de eso, que no haya suspensión de empleados públicos”, dijo la gobernadora.
La Junta de Control Fiscal informó al Gobierno de Puerto Rico que se requerirían reducciones significativas de empleados públicos -más allá de lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado- en aras de mitigar el costo de mayores beneficios de retiro definidos en las Leyes 80, 81 y 82.
“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil”, dijo la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko en declaraciones escritas.
“El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes”, añadió.
Mencionó que dada la inconsistencia significativa con los Planes Fiscales Certificados, la Junta también informó al gobierno que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios pueden y serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales.
La gobernadora promulgó las tres leyes en agosto sin suficiente análisis de cuánto costarían las leyes y de dónde se derivarían los ahorros para cubrir esos costos incrementales. Incluso, después de repetidos intercambios con la Junta, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto. El análisis de la Junta con respecto al impacto de las tres leyes concluyó que, combinadas, podrían aumentar los gastos del Gobierno hasta en 8,300 millones de dólares durante los próximos 30 años.
Señaló que para compensar estos gastos adicionales, el gobierno tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultará en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto, según lo exige PROMESA. El gobierno debe proporcionar un plan realista para compensar los costos sustanciales de cada una de las tres leyes sin perjudicar los servicios esenciales. A menos que, y hasta que el gobierno proporcione un plan para compensar los costos incrementales y la Junta acepte ese plan, las leyes son significativamente incompatibles con el Plan Fiscal Certificado y no deben implementarse.
La directora ejecutiva agregó que “el Plan Fiscal Certificado define un cuidadoso equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Los recortes presupuestarios necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios provistos por las tres leyes podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
“La implementación de estas leyes no es compatible con el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Jaresko.
La Junta solicitó al gobierno que proporcione un plan sobre cómo se financiarán los costos adicionales para el 28 de octubre y que deje de implementar las leyes hasta que la Junta de Supervisión provea su consentimiento al plan propuesto por el Gobierno para mitigar los costos de estas leyes.
Asimismo, Jaresko instó a los empleados públicos “a ser conscientes de que no deben depender de los beneficios adicionales proporcionados por estas leyes a menos que y hasta que se hayan resuelto los problemas fiscales”.
Explicó que en caso de que el gobierno continúe implementando medidas bajo estas leyes inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y PROMESA, la Junta podría tomar acciones que considere necesarias, de acuerdo con sus poderes bajo PROMESA, para prevenir un daño mayor al futuro financiero de Puerto Rico.
