La gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió ayer vetos expresos a las Resoluciones Conjuntas del Senado 493, 503 y 474, a través de cartas emitidas al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez.
“Luego de haber estudiado y analizado en profundidad estas medidas detenidamente y entendiendo que las mismas fueron desarrolladas con un fin loable, es mi deber como mandataria mantener mi norte de salvaguardar la estabilidad socioeconómica de Puerto Rico, sin dejar de velar por el interés común de sobrellevar la pandemia a la que nos enfrentamos con el mayor sentido de responsabilidad”, expresó la gobernadora.
La Resolución Conjunta del Senado 503, buscaba que el secretario del Departamento de la Familia, en coordinación con el secretario del Departamento de Agricultura establecieran la participación de agrícolas debidamente autorizados a participar de mercados agrícolas o familiares en los municipios durante la pandemia del COVID-19.
“Teniendo en consideración que la realización de mercados agrícolas o familiares en los municipios conllevaría la concentración de una cantidad considerable de ciudadanos y podría contribuir a la propagación en cadena del COVID-19, y en cumplimiento con la Orden Ejecutiva, entendemos que no sería una solución responsable al momento. Es por esto que la Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA), a través de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) se han enfocado en establecer una serie de ayudas a este sector tan importante de nuestra economía”, aseguró la primera mandataria.
Por su parte, el secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Ortega Flores, comentó que “el sector agrícola, como todos, ha sido impactado por la pandemia del COVID-19. Los mercados agrícolas/familiares que con tanto éxito logramos establecer en toda la isla junto al Departamento de la Familia, han sido suspendidos hasta nuevo aviso debido mayormente a la urgente necesidad de prevenir el contagio que se produce por la aglomeración de personas.”
Ortega Flores explicó que durante la primera fase de la cuarentena, la orden ejecutiva establecía la continuidad de la cadena de distribución de alimentos, con la única limitación de las ventas ambulantes o en plazas de mercado, nuevamente para limitar la propagación.
“Ya en la segunda fase de la cuarentena, la orden ejecutiva amplió la posibilidad de este tipo de venta, tomando en cuenta las medidas de precaución universales. Aunque comprendemos la intención legislativa, múltiples alternativas ya están siendo permitidas, a la luz de la más reciente orden ejecutiva”, concluyó el secretario de Agricultura.
De igual forma, el secretario interino del Departamento de la Familia, Eddie García Fuentes, añadió: “Hemos tomado ya dos medidas cautelares para apoyar a los participantes y a los agricultores. Los participantes pueden utilizar el 4% de su beneficio destinado a los Mercados Familiares en la compra de alimentos en los comercios certificados. Mientras, a través de MIDA, se pusieron en contacto los agricultores con los compradores de estos establecimientos para hacer disponible la cosecha en los supermercados. Seguiremos evaluando alternativas que garanticen el bienestar y salud de los participantes, a la vez que les brinde alimentos nativos y de calidad. Esperamos a su vez, restablecer los Mercados Familiares lo antes posible.”
El segundo veto expreso fue hacia la Resolución Conjunta del Senado Número 493, igualmente aprobada por la Asamblea Legislativa. Esta resolución buscaba en su origen autorizar las acciones propuestas por la gobernadora, conducentes a la ejecución y concesión de medidas para atender la crisis económica provocada por el COVID-19. Esta medida fue aprobada utilizando las partidas del primer paquete de medidas acordadas y aprobadas de antemano, cuando la medida fue atendida en la Cámara de Representantes sufrió varias enmiendas con cantidades aun no negociadas ni determinadas. Esto causó que la medida no se pudiera tramitar de inmediato para su firma y pusiera en peligro estas ayudas previamente acordadas.
“Si bien es cierto que las ayudas que pretendió introducir la Cámara de Representantes eran loables, la manera correcta sería incluirlas en las negociaciones que se continúan llevando a cabo con la Junta de Supervisión Fiscal, sin poner en peligro el desembolso de aquellas ayudas ya aprobadas. De hecho, eso es parte de lo que en estos momentos se sigue trabajando”, reaccionó Vázquez Garced.
“Por un lado, autorizaría fondos que ya fueron obligados por la Resolución Conjunta 23-2020. En otras palabras, se estarían duplicando las partidas. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal publicó una misiva, con fecha de 6 de abril de 2020, dirigida a nuestra atención y a los líderes legislativos, en la que recomienda que no se firme la RSC 493 por resultar en una duplicidad de las medidas tomadas hasta el presente por el Gobierno y por ser inconsistente con la Resolución Conjunta 23-2020. En ese sentido, advierten que se reservan su derecho de impedir que, en caso de que se firme, entre en vigor la RSC 493 conforme a la Ley PROMESA”, añadió la gobernadora.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, recalcó que “ya habiéndose firmado la RC 230-2020, la cual fue avalada por la Asamblea Legislativa, la gobernadora y la JSF de manera unánime y expedita, que viabilizó el primer paquete de medidas de emergencia, en estos momentos no es necesario actuación adicional. Sin embargo, agradecemos enormemente la colaboración de la Legislatura para identificar fondos para ayudar a los sectores más afectados por la presente pandemia”.
Por último, el tercer veto expreso de la gobernadora fue emitido a la Resolución Conjunta Número 474. Esta ordenaría al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a proveer asistencia de emergencia mediante la transferencia de $5 millones a la Corporación para la Promoción y el Mercadeo del Destino de Puerto Rico, provenientes de los fondos separados para el Programa de Pareo de Fondos, para aumentar la promoción y mercadeo del destino en los mercados emisores y así atender los desafíos causados por la actividad sísmica ocurrida a comienzos del año 2020 en Puerto Rico.
“Lamentablemente, el sector turístico ha sido uno de los más afectados por el embate del coronavirus. Los países a nivel global han implementado el distanciamiento social, incluyendo toques de queda, confinamientos u órdenes de permanecer en sus residencias o alojamientos de todas las personas para evitar la propagación del virus. Se han prohibido vuelos internacionales, cerrado puertos y hasta fronteras terrestres. En fin, prácticamente casi ninguna persona está viajando con un fin turístico”, denotó Vázquez Garced.
Actualmente las principales fuentes de ingresos para la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) provienen de la Operación de Tragamonedas y el Impuesto por Canon de Habitación.
Estas fuentes de ingresos proyectan un panorama de recaudos ínfimos, afectando así la capacidad de la entidad de cumplir con sus obligaciones administrativas, programáticas y a terceros que se benefician de las cascadas de dichos recaudos, por lo que los $5 millones de base para el pareo que no son parte de la obligación fija del DMO, no estarán disponibles.
En tanto, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, manifestó “el gobierno central continuará trabajando para identificar los recursos necesarios para reducir la brecha entre los ingresos proyectados y necesidades presupuestarias, para mantenernos competitivos como destino, cuando la situación de salud así lo permita”.
Asimismo, la gobernadora culminó diciendo: “deseo reiterar que esta administración se encuentra en una constante búsqueda de soluciones para poder aminorar las pérdidas económicas que han sufrido los diversos sectores de nuestra sociedad a raíz de la emergencia causada por la propagación del COVID-19”.
