El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, Jorge Galva, subrayó que el Plan Vital del Gobierno de Puerto Rico debería contar con los fondos suficientes para el próximo año fiscal federal ante el compromiso hecho por funcionarios federales para financiar la cubierta.
Se espera que los fondos se aprueben a través de una asignación en el próximo presupuesto o, aun con mayor probabilidad, mediante la aprobación de una resolución continua, mecanismo que se utilizó en el 2019. Por consiguiente, Galva no vaticinó que el Gobierno de Puerto Rico recorte beneficiarios del Plan Vital ni que sus servicios se afecten.
“Estamos realizando todos los esfuerzos a nuestro alcance para lograr un acuerdo bipartidista que apruebe cinco años de financiamiento. Ante el poco tiempo que resta hay una posibilidad que no se logre aprobar la asignación dentro del presupuesto, pero toda la información que hemos recibido apunta a que Puerto Rico se va a beneficiar de una resolución conjunta. Esta situación no es única”, sostuvo Galva.
Aunque para el próximo 30 de septiembre cumple el término para que el programa reciba la asignación presupuestaria requerida, que podría ascender a $2,700 millones ($2.7 billion), la agencia ha recibido el espaldarazo de una gran cantidad de funcionarios que consideran que los fondos se pueden distribuir luego del endoso de la resolución.
En Puerto Rico hay aproximadamente 1,500,000 beneficiarios del Plan Vital, nombre que se utiliza para los asegurados de Medicaid. Ante el peor escenario, de no aprobarse una asignación presupuestaria o la resolución, Puerto Rico perdería $1,500 millones, pero las autoridades no vaticinan que esto ocurra debido a un consenso del Congreso para mantener el programa con la misma cantidad de fondos.
Galva también adelantó que su dependencia evalúa si Medicaid puede financiar la prueba obligatoria de COVID-19 que requerirán algunos empleados del sector privado por la nueva Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi.
Medicaid cubre pruebas para pacientes expuestos a COVID-19 y/o que presenten síntomas compatibles con el virus, pero un análisis legal se requiere para determinar si pruebas obligatorias sin estos requisitos pueden ser cubiertas por el programa federal.
“ASES apoya la iniciativa tomada como una medida para contener la propagación del virus”, indicó Galva.
