La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón obtuvo hoy dos victorias legales decisivas en el esfuerzo continuo de su administración por remover a LUMA como operador de la red eléctrica de Puerto Rico.

En cumplimiento de una promesa con el pueblo de Puerto Rico de cancelar el contrato de LUMA, la administración de González Colón presentó dos acciones ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico con el propósito de invalidar la “Carta de Extensión” que pretendía extender indefinidamente el contrato de LUMA. Hoy la determinación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos bajo la jueza Laura Taylor Swain, dio la razón al Gobierno de Puerto Rico, tras la orden que emitida para que se devuelvan los casos relacionados a LUMA Energy a los tribunales de Puerto Rico.

“En arroz y habichuela, mucha gente decía que no íbamos a poder contra LUMA porque la Junta de Control Fiscal se unió a LUMA bajo PROMESA y se iban a llevar este pleito a las cortes federales y que estas iban a proteger a esta compañía. Yo le prometí al pueblo de Puerto Rico que iba a defender los intereses de todos los que vivimos en la isla y sufrimos el mal servicio de energía eléctrica que tenemos y así lo hemos hecho”, expresó la primera ejecutiva.

La decisión del tribunal establece que la remoción de estos casos al foro federal fue improcedente bajo PROMESA y demuestra que las acciones ejecutadas por el Gobierno de Puerto Rico constituyen el ejercicio legítimo de sus poderes regulatorios y fiscalizadores para proteger el interés público.

“La determinación del Tribunal valida claramente que el Gobierno de Puerto Rico sí tiene la autoridad y la responsabilidad de fiscalizar a LUMA cuando están en juego servicios esenciales, el cumplimiento de nuestras leyes y la protección del interés público. Nadie está por encima de la ley”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La mandataria añadió que “el Tribunal reconoció que nuestras acciones no son meramente contractuales, sino actuaciones de naturaleza pública y regulatoria dirigidas a garantizar la seguridad, bienestar y estabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Igualmente se reconoció que según fue pactado contractualmente, estos pleitos deben atenderse en nuestros tribunales locales y bajo nuestras leyes”.

En ese esfuerzo, el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), licenciado Francisco J. Domenech, el zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3), ingeniero Josué Colón, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ingeniera Mary Carmen Zapata, han estado liderando y apoyando activamente las acciones impulsadas por la gobernadora para defender el interés del pueblo de Puerto Rico, exigir el cumplimiento a LUMA en lo que se sustituye la operación de la red eléctrica con otro operadora, salvaguardar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico de la isla, mientras se buscan alternativas para lograr bajar el costo de las tarifas al consumidor.

“Esta determinación representa una validación contundente de la autoridad que tiene la gobernadora y el Gobierno de Puerto Rico para actuar y fiscalizar los contratos de los operadores privados en defensa de la infraestructura que le pertenece al pueblo. Desde el inicio, nuestra prioridad ha sido proteger a la gente, asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar que cualquier controversia relacionada al sistema eléctrico se atienda bajo nuestras leyes y en nuestros tribunales”, expresó Domenech.

Por su parte, el ingeniero Josué Colón destacó que la determinación del Tribunal Federal consolida la jurisdicción estatal sobre controversias relacionadas al cumplimiento de requisitos regulatorios y la interpretación de legislación local, incluyendo la Ley 29 y la Ley 120.

“Aunque el Tribunal reconoció que se trata de activos críticos del sistema eléctrico, también dejó claro que eso no elimina el poder regulatorio y fiscalizador del Gobierno de Puerto Rico. Esta decisión fortalece nuestra capacidad de exigir cumplimiento y transparencia en todo lo relacionado al sistema energético”, sostuvo Colón.

La administración reiteró que continuará avanzando las acciones legales correspondientes en los tribunales de Puerto Rico con el objetivo de asegurar que todas las actuaciones relacionadas al sistema eléctrico se ajusten estrictamente a la ley, a los contratos vigentes, al interés público y se logre la cancelación o anulación del contrato de LUMA para poder proceder con un nuevo operador para la red eléctrica.

“La prioridad de esta administración seguirá siendo defender al pueblo de Puerto Rico y garantizar un sistema eléctrico confiable, transparente y que sea más económico, sujeto al cumplimiento de la ley”, concluyó la gobernadora.