(CyberNews) – El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Christian Sobrino rechazaron el miércoles que el gobierno vaya a acatar el acuerdo del Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal (JCF).
Maceira alegó que del comunicado del COR se desprende que la JCF amenazó al Comité con procurar peores recortes.
“Es lamentable que el Comité de Retirados se haya visto presionado a aceptar este acuerdo, que va en detrimento de nuestros jubilados, pues no es más que una estrategia de la Junta para procurar aliados que validen su obsesión de recortar pensiones”, dijo el secretario de Asuntos Públicos en declaraciones escritas.
“Ante esto, nuestra postura es clara: no accederemos a ningún recorte de pensiones y exhortamos a los distintos grupos de interés que no se dejen engañar ni intimidar por la Junta de Control Fiscal”, agregó.
Según informó el COR, con el acuerdo tentativo con la JCF se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por el ente federal en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo.
El exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, indicó que los retirados con beneficios de pensión por debajo de 1,200 dólares mensuales no experimentarán ningún recorte, lo que resultará en la protección del 61 por ciento, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de 1,200 dólares, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5 por ciento y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos 1,200 dólares.
“Los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas 100 millones de dólares al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la Junta de Control Fiscal es puramente ideológico”, señaló Maceira.
Asimismo, dijo que hablar de la insolvencia de los Sistemas de Retiro para justificar cualquier medida que atente contra los pensionados será rechazada en cualquier foro al que tengan que acudir. Desde el 2017 el sistema para el pago de pensiones es ‘PayGo’, una obligación del fondo general y no del fondo de retiro, el cual fue quebrado por pasadas administraciones.
“Ante este escenario, debemos reiterar que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es una de cero recortes. Del mismo modo, repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, reiteró el funcionario.
Por su parte, Sobrino dijo en declaraciones escritas que “este acuerdo entre la JCF y el COR impactará negativamente la calidad de vida de sobre 65,000 retirados los cuales verán un recorte a sus pensiones. Esto, simplemente, no es aceptable para nuestra administración. En ese sentido, este acuerdo no es cónsono con la política pública del gobierno de Puerto Rico de que no se puede dar paso a un recorte de pensiones”.
“Le tengo un gran respeto a Miguel Fabre y a los miembros del COR, pero desafortunadamente este acuerdo no se puede apoyar de ninguna manera, forma o lugar por el Gobierno de Puerto Rico. Las versiones del Plan Fiscal y el Presupuesto presentados por el Gobernador contemplan el pago total de las pensiones de nuestros retirados. Nuestros modelos financieros demuestran que es viable reestructurar la deuda sin necesidad de impactar a nuestros retirados”, agregó.
Última palabra sobre acuerdos de retirados la tiene el tribunal, dice presidente JCF
Por su parte, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero sostuvo que los acuerdos de los retirados bajo un plan de ajuste sobre las disposiciones de sus pensiones, deben ser aprobados por el tribunal.
“Según el proceso del Título III de PROMESA, los retirados son considerados acreedores y no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Control Fiscal ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.
Carrión, tercero señaló que décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. Las restricciones fiscales y legales obligaron a la JCF a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios. Esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones de dólares al año.
“Este acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del Gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones. El acuerdo que la Junta de Supervisión ha alcanzado con el COR también provee una política más justa y sencilla para ajustar las pensiones que la que figura en el Plan Fiscal Certificado, al permitir que casi el 75 por ciento de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte”, indicó Carrión, tercero.
Alegó que esta es una parte integral del plan de ajuste que la Junta de Supervisión presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.
“Este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados másvulnerables de cualquier reducción de pensión”, añadió.
