El Director Ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), Fermín Fontanés, aclaró esta tarde varias premisas equivocadas que fueron planteadas por líderes comunitarios en una carta abierta.

“Es importante que se aclare esta información, ya que lo que se plantea puede traer desasosiego y confusión innecesarios entre las comunidades que plantearon sus preocupaciones”, apuntó el director ejecutivo.

En primer lugar, Fontanés sostuvo que no es cierto que esté en manos de LUMA Energy aumentar el costo del servicio de energía eléctrica, ni en seis meses, ni en ningún momento posterior a ello.

“Como he indicado anteriormente, el acuerdo con LUMA Energy de ninguna manera los obliga a aumentar las tarifas, ni le requiere operar bajo una tarifa mínima. Al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA viene obligado a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo cualquier determinación en cuanto a la tarifa establecida por el Negociado de Energía. La facultad final de aprobar el aumento de las tarifas por servicio recae sobre el Negociado como parte de su responsabilidad de adelantar la política pública energética de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. El Negociado de Energía es responsable de llevar cabo un proceso administrativo minucioso que requiere participación ciudadana, para determinar bajar la tarifa, aumentarla o dejarla igual; siempre que la misma sea justa y razonable”, recalcó Fontanés.

“A esto efectos, tampoco es correcto decir que LUMA Energy tiene la potestad de eliminar los subsidios que son establecidos por ley, y muchísimo menos de crear la política pública energética de Puerto Rico, según se alega”, añadió el director ejecutivo.

En cuanto a la mención de la cláusula que alude a que LUMA Energy puede prescindir del contrato con tan solo 120 días de anticipación, dejando a los ciudadanos al descubierto en cualquier momento e incluso ante una situación catastrófica, Fontanés puntualizó que se trata de una premisa incorrecta. Explicó que las cláusulas de terminación de cualquier contrato tienen que estar debidamente fundamentadas.

“Cabe destacar nuevamente que LUMA Energy operará bajo la supervisión de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, quien se asegurará de que la compañía opere en cumplimiento con las métricas y parámetros a los que se comprometieron al firmar el contrato. Esto, adicional a los procesos bajo el Negociado de Energía como regulador independiente”, añadió.

“Para nosotros es importante que la información que se divulgue en relación a cualquier parte de la transacción sea una veraz y responsable. Nos preocupa que la desinformación pueda llevar a las comunidades a conjeturas erróneas. Estamos en la mejor disposición de sentarnos con los líderes comunitarios para conversar y aclarar todas sus dudas sobre el proyecto de transformación del sistema de Transmisión y Distribución de energía eléctrica’, finalizó Fontanés.