La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, inició el miércoles el análisis del Proyecto de la Cámara 1857, con el objetivo de crear la “Ley de Desarrollo de Artesanías Puertorriqueñas”.
A vista pública compareció el licenciado Carlos Ríos Pierluisi, asesor en asuntos legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), así como el licenciado Carlos Yamín, asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), quienes recomendaron que se clarifique el lenguaje de la medida para que esta iniciativa esté acorde al plan de reorganización de la mencionada agencia, que fue aprobado el pasado año.
Yamín sugirió que el Programa de Desarrollo de Artesanías, que se dispone en la medida, sea adscrito directamente al DDEC, ya que la Compañía de Comercio y Exportación, a la que se planifica anejar, se convertirá en un programa dentro del organigrama de la agencia, una vez se emita la certificación por parte del Secretario de la instrumentalidad.
Por su parte, Ríos Pierluisi, indicó que en la actualidad el Programa de Desarrollo Artesanal fue transferido al DDEC por virtud del Plan de Reorganización del 2018, y ya cuenta con los programas de incentivos artesanales necesarios para apoyar a los artesanos, por lo que mostró reservas a las disposiciones económicas dentro del proyecto, ya que estarían limitadas a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica (PROMESA). Ambos apoyaron que en lugar de crearse la posición de promotor artesanal, que conllevaría determinar los fondos a utilizarse para pagar la plaza, se enmiende la pieza para que se designe a un ayudante especial del Secretario del DDEC y este asuma esas funciones como parte de sus deberes dentro de la agencia.
También se realizarán cambios para establecer que las multas que se impondrán por el incumplimiento de la ley serán de carácter administrativo y no penal, de modo que no se tenga que ir a los tribunales.
El representante Guillermo Miranda Rivera explicó en la exposición de la medida que ley actual conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal” de 1995, tiene un enfoque donde la función pública se da en el contexto de un gobierno colaborador y facilitador, y no uno reglamentador.
“Luego de más de 20 años, existe una voz unísona solicitando un mayor despunte y desarrollo de programas artesanales en Puerto Rico. Que estos artesanos, en adición a ser portaestandartes de nuestra cultura y de plasmar nuestras tradiciones, sean considerados empresarios, con el fin de proyectar a este sector como uno económico y turístico. Esto, con la idea de que se inserten más en un desarrollo económico bilateral, entre el sector de artesanos y la colaboración del Gobierno de Puerto Rico en que sean tratados como tal”, expresó en la pieza legislativa el representante.
