La comisionada residente, Jenniffer González Colón, comunicó el miércoles, los trabajos que realiza el Congreso de los Estados Unidos para trabajar junto al presidente Donald John Trump el paliar el impacto económico que se proyecta como consecuencia de la pandemia por el coronavirus COVID-19.
El presidente Trump junto al Equipo de Trabajo sobre el Coronavirus de Casa Blanca, liderado por el vicepresidente Michael Pence, informaron ayer junto a otros miembros de gabinete, sobre las nuevas medidas que discutirían con el Congreso. La comisionada explicó que las mismas estarían incluidas en un tercer proyecto sobre coronavirus, uno enfocado en ayuda suplementaria, para el cual se está trabajando un borrador.
“Estamos incorporando lenguaje para asegurar el acceso a la salud durante esta emergencia y poder contener el impacto económico de COVID19. Continúo gestionando ante el Tesoro y aquí en el Congreso para que estas ayudas sean garantizadas para Puerto Rico y los territorios”, explicó la comisionada en comunicación escrita.
Entre las propuestas que podrían ser incluidas en este llamado suplemental está el envío de cheques a ciudadanos para mantener la economía corriendo; aún no se ha determinado la cantidad del monto del cheque ni lo requisitos que deberían cumplir los ciudadanos para recibirlos.
“Me uno a la voluntad del presidente Trump de que esta emergencia nacional no victimice a la clase trabajadora. Por eso respaldó las medidas que se están tomando para que aquellos que no tenga cubierta de salud, se les asegure la administración de pruebas y tratamientos relacionados al virus; que la familia trabajadora pueda contar con dinero en su bolsillo aún sin poder presentarse al trabajo por la emergencia; que nuestro comerciantes y empresarios no vean sus inversiones perdidas y puedan seguir moviendo la economía”, explicó González Colón.
Otra de las propuestas es poder ampliar las pruebas de detección del virus; un paquete de estímulo económico de 850 mil millones de dólares.
El vicepresidente Pence hizo un llamado a compañías de construcciones a donar de su inventario a hospitales.
Precisamente, la comisionada le solicitó de manera urgente al vicepresidente, el abastecimiento en la isla de equipos adecuados de protección para el personal de salud, primeros auxilios y rastreo de pasajeros, quienes son la población más expuesta al COVID19. “Nuestro personal de salud, primeros auxilios y de rastreo de pasajeros son nuestra población más expuesta al nuevo COVID-19; es imprescindible que tengan los equipos adecuados de protección para que su salud y la de todos no se vea comprometida”
Industria Farmacéutica
El presidente Trump, mencionó en conferencia de prensa que un asunto importante que considera la administración es traer y fortalecer la industria farmacéutica en territorio americano.
Precisamente, la semana pasada la comisionada abogó ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal porque se considerare a las farmacéuticas como un asunto de seguridad nacional.
La comisionada sostuvo una conferencia telefónica con Wendy Perry, presidenta de Asociación de la Industria Farmacéutica; Waleska Rivera, pasada presidenta de Industriales Puerto Rico y Rosa Hernández, presidenta del Comité de Salud de Industriales para discutir este asunto, además ha hablado con la Casa Blanca y otros miembros del Congreso al respecto. Así como con otros miembros de la Asociación de la Industria Farmacéutica y las farmacéuticas AMGEN, Lilly del Caribe y Astra Zeneca.
“La producción, así como la investigación farmacéutica de medicamentos debe ser un asunto de salud y seguridad nacional y doméstico y Puerto Rico tiene la experiencia y las facilidades para esto. Tenemos una gran huella y presencia farmacéutica en la Isla, donde se producen más de 40 medicamentos y productos críticos para la salud”, dijo González Colón.
H.R. 6201, Family First Coronavirus Response Act
El H.R. 6201, Family First Coronavirus Response Act, ya fue aprobado por la Cámara de Representantes federal y ahora se encuentra en el Senado para su pronta consideración. Esta medida tiene beneficios directos para Puerto Rico.
La medida incrementa en 182.9 millones de dólares los fondos de Medicaid en la isla, de igual forma aumenta la aportación federal por servicio prestado de Medicaid, o FMAP, de un 76 por ciento a un total de 82 por ciento.
Esto representa un aumento de 6.2 por ciento al FMAP actual, el cual la comisionada había logrado aumentar en el periodo de asignaciones para el año fiscal 2020. Esto significa que el gobierno de Puerto Rico solo tendría que aportar un 18 por ciento para empatar los costos de Medicaid.
Puerto Rico se beneficiará también de la asignación de 100 millones de dólares, repartidos entre los territorios, para el Programa de Asistencia Suplementaria (PAN).
Además, esta medida permitirá que las pruebas para determinar si un paciente tiene el coronavirus sea gratuita, incluyendo aquellos que no cuentan con un plan médico.
Se asignarían 500 millones de dólares para el programa WIC que proporciona alimentos a mujeres embarazadas de bajos ingresos y madres con infantes; 400 millones de dólares para los bancos de alimentos; asistencia alimentaria para niños con escuelas cerradas que reciben comida de comedores escolares; y 250 millones de dólares para el programa de nutrición para personas mayores de bajos ingresos que dependen de estos programas en sus comunidades. Se le pagará licencias a empleados de empresas con menos de 500 empleados y empleados gubernamentales que han estado en el trabajo durante al menos 30 días, con el derecho de tomar hasta 12 semanas de licencia para ser utilizada por cualquiera de los siguientes motivos:
• Cumplir con un requisito o recomendación de cuarentena debido a la exposición o síntomas del coronavirus;
• Cuidar a un familiar en riesgo que cumpla con un requisito o recomendación de cuarentena debido a la exposición o síntomas del coronavirus;
• Para cuidar a un niño de un empleado si la escuela o el lugar de cuidado del niño ha sido cerrado, o el proveedor de cuidado infantil no está disponible, debido a un coronavirus.
Después de las dos semanas de licencia pagada, los empleados recibirán un beneficio de sus empleadores que será no menos de dos tercios del salario habitual del empleado.
Para el seguro por desempleo Seguro por desempleo se estaría asignado mil millones de dólares para fondos de emergencia a los estados para actividades relacionadas con el procesamiento y el pago de los beneficios del seguro de desempleo.
Estos fondos se dividen en: 500 millones de dólares se utilizarían para financiamiento adicional inmediato a todos los estados para personal, tecnología, sistemas y otros costos administrativos; y 500 millones de dólares se reservarían para subvenciones de emergencia a los estados que experimentaron al menos un aumento del 10 por ciento.
La medida también provee ayuda de desempleo para empleados cuyas funciones han sido suspendidas debido a la emergencia, así como para aquellos que agotan sus vacaciones pagadas.
Además, la comisionada residente mencionó que ha realizado esfuerzos desde el Congreso para asegurar que Puerto Rico esté preparado para atender la ahora emergencia nacional.
H.R.6074 – The Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act
Un paquete de emergencia de 8.3 mil millones de dólares para combatir el COVID-19. El presidente Trump la firmó, convirtiéndose en la Ley Pública 116-123.
La ley incluye:
Más de 4 mil millones de dólares para hacer más pruebas de diagnóstico disponibles, tratamientos, invertir en el desarrollo de una vacuna y proteger la integridad de equipos médicos manufacturados en el extranjero e identificar y prevenir su escasez;
2.2 mil millones de dólares para el CDC, incluyendo cerca de mil millones para esfuerzos de respuestas a nivel local y estatal;
20 millones de dólares para préstamos de asistencia por desastre para pequeños negocios y;
1.25 mil millones de dólares para el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
El pasado 11 de marzo la comisionada anunció que el CDC habría asignado más de 5.8 millones de dólares a Puerto Rico para atender la pandemia y realizar actividades de preparación y respuesta de salud pública.
Reuniones con la industria
La comisionada sostuvo varias teleconferencias con varios grupos de interés con relación a como mitigar el impacto económico del coronavirus.
La primera llamada fue con la Coalición del Sector de Salud, representantes de hospitales, farmacias, laboratorios y médicos atendiendo legislación federal y coordinación referente al COVID-19; seguida de la conferencia con Wendy Perry, presidenta de Asociación de la Industria Farmacéutica; Waleska Rivera, pasada presidenta de Industriales Puerto Rico y Rosa Hernández, presidenta del Comité de Salud de Industriales.
Sostuvo una llamada con el fiscal de Distrito, Stephen Muldrow, y el senador Rick Scott para discutir la entrada a la isla de pasajeros enfermos en barcos y botes. Respaldo totalmente la decisión de la gobernadora Wanda Vázquez prohibir su entrada.
“No tenemos la infraestructura para atender este volumen. Me he mantenido en comunicación con CDC Y autoridades federales para que se establezca un protocolo para el manejo de estos casos FUERA de la Isla. no se puede comprometer el sistema de salud de la isla con el volumen de casos que llegan de las costas del Caribe”, expresó González Colón.
Discutió con el secretario interino del Departamento de la Familia de Puerto Rico, el doctor Eddie García, las medidas que se están tomando para controlar las visitas en las égidas de la Isla y proteger a las personas de edad avanzada, quienes son las más vulnerables al COVID-19.
Otra llamada fue con el Observatorio de Arecibo para discutir la necesidad de permitir parte del mantenimiento para no perder millones de dólares en fondos federales, así como la asignación presupuestaria.
Con el comisionado de Seguros, MMAPA y las principales aseguradoras discutió el tema de las cubiertas de salud y cambios federales para hacer más expedito el trabajo de los proveedores de servicio de salud de la Isla.
La comisionada mencionó que también ha dialogado con el expresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico Rodrigo Masses y con la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico sobre la actividad económica y los baja de intereses decretada por el presidente.
