“La audiencia de hoy ante el más alto foro judicial de nuestra nación, para atender otra de las modalidades del craso discrimen que se comete contra Puerto Rico por su estatus colonial, pone en relieve el déficit de derechos civiles y políticos de los ciudadanos americanos dentro de la propia jurisdicción de los Estados Unidos. La población más vulnerable: los adultos mayores en extrema pobreza, los ciegos, las personas con discapacidades y los niños con enfermedad terminales, cargan sobre sus espaldas el peso de este discrimen causado por la condición territorial de Puerto Rico”, expresó la comisionada residente, Jenniffer González Colón, ante la audiencia hoy en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos versus Vaello-Madero.
La comisionada señaló que a pesar de que su propuesta de extender el SSI a Puerto Rico está incluida en el proyecto de reconciliación presupuestaria más reciente, el Build Back Better Act, el programa no entraría en vigorhasta el 2024. Además, al ser incluido en una medida de reconciliación, su vigencia no puede extenderse pasado el 2031 sin necesidad de legislación adicional, lo que mantendría la vigencia del programa en Puerto Rico a la merced del Congreso. “Lo que único garantiza que en Puerto Rico se reciba el SSI, y la igualdad en otros programas federales, es la otorgación plena de nuestros derechos como ciudadanos americanos que solo la Estadidad garantiza. Este caso es uno de los ejemplos más claro de lo indigno y maltratante que es nuestro estatus actual”.
La comisionada residente ha abogado por que se extienda a Puerto Rico el SSI en distintos foros desde que juramentó como comisionada residente, siendo junto al PAN, CTC y EITC, sus proyectos prioritarios de bienestar social y para combatir la pobreza en las islas.
En el Congreso, ha radicado 3 medidas para extender el SSI a los territorios— HR3226, HR947, HR537—, ha defendido la extensión del SSI en vistas de la Cámara y del Senado, ha abogado ante comités, consiguiendo importantes aliados entre sus compañeros legisladores para adelantar esta lucha. Le ha enviado un sinnúmero de misivas a la Casa Blanca abogando por la extensión a Puerto Rico del programa y ha emplazado al presidente Biden a que cumpla con sus promesas de campaña a los puertorriqueños. En los tribunales federales, ha radicado el recurso de amiga de la corte en todas las etapas de los procedimientos, incluyendo ante el Tribunal Supremo de la nación, defendiendo los derechos de los sectores más vulnerables.
El SSI es un programa federal de asistencia económica que ayuda a individuos con condiciones que afectan el que él o su familia pueda generar ingresos suficientes para vivir. Las personas que cualifican para recibir esta ayuda son aquellos de 65 años o más bajo el nivel de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales, o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome Down, esclerosis entre otras condiciones. El SSI es el único programa federal de apoyo de ingresos dirigido a familias con menores discapacitados.
Por su condición colonial, los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico están excluidos de recibir este beneficio.
En el 2017, el Gobierno federal demandó al señor Vaello Madero para recobrar los pagos de SSI que este había recibido después de mudarse de Nueva York a Puerto Rico. El Tribunal federal de Distrito determinó que la exclusión de los residentes de los territorios del programa del SSI era inconstitucional. El Tribunal federal del Apelaciones para el Primer Circuito confirmó dicha determinación. El 1º de marzo de 2021, el Tribunal Supremo aceptó expidió un auto de certiorari para revisar el caso debido a la importancia del mismo.
