La comisionada residente, Jenniffer González Colón, medió ante Brian Moyer, director de la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis, BEA) y oficiales del Censo para eliminar barreras comerciales como el requerimiento de Información Electrónica de Exportación (Electronic Export Information, EEI), abogó porque Puerto Rico sea incluido en estadísticas del Censo que ahora no participa y que se calcule a nivel federal el Producto Interno Bruto (PIB) de la isla.
González Colón dijo que ha abogado por la eliminación del EEI, documento que requiere para toda exportación de artículos, bienes o mercancías cuyo valor exceda de 2,500 dólares, sin importar el método que se use para transportar los bienes.
También discutimos los esfuerzos en curso de @BEA_News para calcular el Producto Interno Bruto (PIB), o Gross Domestic Product (GDP), de #PuertoRico. Aseguramos $2.1 millones en el acuerdo de presupuesto del mes pasado para apoyar esta gestión tan vital para nuestra economía. pic.twitter.com/AOWsPyaBvC
— Jenniffer González (@Jenniffer2012) January 28, 2020
Este requisito no aplica en el comercio entre estados y según explicó la comisionada en una comunicación escrita, “perpetúa la imagen errónea de Puerto Rico como país extranjero y puede impedir los esfuerzos de desarrollo económico al imponer una carga innecesaria al comercio interestatal. Es un requisito contradictorio y discriminatorio que se requiere para las exportaciones hacia y desde Puerto Rico, aún formando parte del mismo sistema aduanero y de seguridad de los Estados Unidos. Es un requisito adicional que trae costos adicionales”.
Sobre este particular, la comisionada trabajó con el congresista José Serrano (D-NY) para que se incluyera en la Ley de Presupuesto 2020 lenguaje para requerir reportes y planes de implementación y que el Departamento de Comercio trabaje junto al gobierno de Puerto Rico para identificar alternativas para poder eliminar el EEI.
La funcionaria dijo que en la Ley de Presupuesto Consolidado de 2020, logró junto al representante Serrano, que se requiera un plan para incluir a Puerto Rico y los territorios bajo los números totales de la población de Estados Unidos y un estimado de costos y plan de implementación para incluir a la Isla bajo programas y estadísticas del Censo donde no se considera la isla, actualmente.
Me reuní con el director de @BEA_News Bryan Moyer y oficiales del @uscensusbureau para discutir la necesidad de eliminar el requerimiento de Información de Exportación Electrónica (Electronic Export Information) a envíos entre #PuertoRico y el resto de los Estados Unidos. pic.twitter.com/wPzsleHxI0
— Jenniffer González (@Jenniffer2012) January 28, 2020
El plan de implementación para incluir a Puerto Rico y todos los territorios en el total de residentes y el tamaño total de la población debe presentarse a más tardar el sábado 18 de abril de 2020. El costo estimado y el plan de implementación para la inclusión de Puerto Rico en encuestas y productos adicionales de la Oficina del Censo es vence el jueves 19 de marzo de 2020.
Además, la comisionada dijo que había presentado el H.R. 1405, la Ley de igualdad de recopilación de datos de Puerto Rico, que requeriría que las diferentes agencias estadísticas federales tomen todas las medidas necesarias y razonables para incluir a Puerto Rico en los programas para los que actualmente está excluido. El proyecto de ley incorpora las recomendaciones del Grupo de Trabajo Bipartita a la Oficina del Censo que en su informe de 2016 identificó al menos 40 programas del Censo en los que no se toma en consideración la data de Puerto Rico.
Actualmente, la BEA produce estimados anuales y trimestrales del Producto Interno Bruto (PIB), o Gross Domestic Product (GDP) para cada estado y el distrito de Columbia. Igualmente, produce informes anuales del PIB para cuatro territorios en virtud de un acuerdo con el Departamento del Interior, pero estas estimaciones no incluyen a Puerto Rico.
Esta falta de información precisa sobre la producción económica y el crecimiento de la isla ha hecho que sea difícil para los responsables de implementar la política pública y las empresas participar en análisis y planificación a corto y largo plazo que son críticos para el desarrollo de la economía de Puerto Rico.
Para encaminar estos estimados, la comisionada solicitó y logró la aprobación de 2.1 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de BEA para producir estadísticas anuales del PIB para Puerto Rico.
De otra parte, el representante, José Aponte Hernández dijo el miércoles que solicitará al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) cambiar la designación de Puerto Rico a una jurisdicción doméstica para efectos contributivos con el propósito de evitar el posible cierre de compañías multinacionales operando en la isla, como podría ser el caso de Microsoft.
“Esta designación nos daría una enorme capacidad cuando se nos otorgue la admisión, porque junto con los beneficios de la reforma contributiva del 2017 para los estados, se estaría dando una inyección multimillonaria de fondos correspondiente a cientos de programas federales. También les daría a las empresas la seguridad que brinda la cobertura política que sólo ofrece un estado federado, lo que fomentaría que más compañías nacionales e internacionales se relocalizaran a la isla, creando miles de nuevos y mejores empleos para nuestra gente”, comentó en declaraciones escritas el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara.
Las expresiones del legislador surgen luego de que un juez federal ordenara a Microsoft divulgar cientos de documentos relacionados a sus operaciones en la isla ante una auditoría del IRS.
