La comisionada residente, Jenniffer González Colón, se reunió el lunes, con el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y su equipo de trabajo para discutir los esfuerzos e iniciativas para abordar las organizaciones criminales transnacionales a lo largo de la frontera caribeña de nuestra nación, incluyendo Puerto Rico.

“La fiscalía federal en Puerto Rico ha demostrado que, si tiene los recursos, saben cómo maximizarlos para un esfuerzo interagencial de seguridad nacional. Me complace ser parte de estos esfuerzos con la asignación de fondos federales, recursos como la nueva nave de respuesta rápida de la Guardia Costera y entre otras tantas gestiones como que se actualizara la Estrategia de Antinarcóticos de la Frontera del Caribe”, expresó González Colón en comunicación escrita.

Entre los asuntos discutidos está la implementación de la Estrategia de Antinarcóticos de la Frontera del Caribe de 2020, por parte de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés). La publicación de este documento, el cual articula la estrategia de los Estados Unidos para reducir las amenazas de drogas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, surge del lenguaje legislativo asegurado por la congresista para requerirle a ONDCP actualizar esta estrategia, publicada por última vez en el 2015.

Discutieron las rutas de narcotráfico entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Isla Vírgenes, Isla Británicas y Puerto Rico; así como el nuevo foco de narcotráfico para la isla en el área sur y este. Además, de varias incautaciones recientes: su procedencia, el contenido y detalles de los operativos.

El fiscal Muldrow le rindió un informe a la congresista de las gestiones de la agencia durante la pandemia, el Gran Jurado de Puerto Rico estuvo activo mientras otros distritos seguían “lockdown”. De diciembre hasta hoy, en incautaciones marítimas se han confiscado sobre 4.5 millones en dólares y libras y le manifestaron que están encausando a criminales de alto perfil.

La comisionada discutió su preocupación por las denuncias sobre que empleados de agencias de gobierno están requiriendo dinero a cambio de trámite para beneficios federales en relación con el COVID-19. La fiscalía expresó que estaría al pendiente del uso correcto de estos fondos federales. Recalcaron que utilizar información falsa para acceder a estos fondos o pagar para conseguir estos fondos, son un delito federal. La discusión incluyo a programas de los cheques de estímulo económico para individuos de 1,200 dólares, las ayudas federales para pequeños negocios como el programa PPP y otros.