El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, y el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, le pidieron este jueves la renuncia al representante Néstor Alonso, quien fue detenido por el FBI.

“En la mañana de hoy (jueves) he advenido en conocimiento de que el representante Néstor Alonso fue arrestado por las autoridades federales. Lamento la situación en la cual se encuentra el representante, pero reiteramos que nadie se encuentra por encima de la ley. Aun cuando entendemos que al representante le asiste el derecho constitucional de la presunción de inocencia, le estamos pidiendo la renuncia inmediata al cargo que ocupa en la Cámara de Representantes de Puerto Rico”, dijo Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Como hemos dicho desde un principio, no toleraremos ningún acto en contra de la ley, venga de donde venga. Hemos actuado y continuaremos actuando con la misma firmeza en contra aquellos que le faltan a la confianza del pueblo. No hay espacio alguno para acciones contrario a la ley en el servicio público, ninguno”, sostuvo Méndez Núñez.

Por su parte, Pierluisi dijo que “ante la información difundida, el representante Néstor Alonso tiene que renunciar inmediatamente. Reitero que en mi gobierno no habrá espacio ni tolerancia para la corrupción. Estaré atento a la conferencia de prensa del FBI para emitir más declaraciones de ser necesarias”.

Alonso fue arrestado en la mañana del jueves por agentes del FBI.

Es representante por acumulación desde el año 2017. En estas elecciones generales se encuentra en décimo lugar, con 59,170 votos.  Alonso hace campaña identificándose como “Joven No Vidente”.

El legislador no vidente cogía la mitad del salario que le daba  a un empleado, según acusación federal

Un Gran Jurado federal emitió 9 acusaciones contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nestor Alonzo- Vega, por su supuesta participación en un esquema de robo, soborno y ‘kikcbacks’, informó, el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

“La corrupción pública constituye una amenaza a nuestras instituciones democráticas, y erosiona la confianza en el gobierno, dijo el fiscal federal en conferencia de prensa.

Según el pliego acusatorio, el supuesto esquema – que incluye fondos federales- ocurrió entre febrero de 2018 a septiembre de 2020. Supuestamente, Alonzo- Vega autorizó varios ajustes de salarios a empleados de su oficina legislativa. El aumento fue de 760 dólares a 1,442 dólares de una bisemana a otra. Luego, se lo aumento para el mes de mayo a 2,043 dólares. Sin embargo, en julio de 2018 se lo redujo a 1,417 dólares, como consecuencia de una reducción presupuestaria en su oficina.

Sin embargo, para octubre de 2019, se le aumentóٙ nuevamente el salario bisemanal a 2,270 dólares y se mantuvo hasta julio de 2020.

De ese salario inflado, se suponía que Alonzo Vega recibiría la mitad del aumento que se dividía en los días de paga.

Supuestamente, la persona utilizaba varias formas para transferir el dinero a Alonzo- Vega. Por ejemplo, utilizaba ATH Móvil; unos pagos a una cuenta que Alonzo Vega tenía en la cadena Home Depot y pagos en efectivo.

De ser hallado culpable, se expone entre 10 a 20 años de cárcel.