El zar de Energía, Josué Colón, reiteró bajo juramento ante la Cámara de Representantes que el multimillonario contrato de generación temporera con Power Expectations no produjo desembolsos de fondos públicos estatales ni federales. Durante su testimonio en una vista pública, aseguró que el capital y el riesgo de desarrollo recaían únicamente sobre el proponente.

El también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) aseguró que la única obligación económica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era pagar por la energía despachada, generada y entregada, conforme al contrato de compraventa y operación adjudicado por la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO.

Colón añadió que, bajo los términos del polémico acuerdo, ascendente a $5,900 millones, la AEE tampoco tenía la obligación de comprar la generación y que la inversión del Gobierno en el proyecto era de “cero dólares”, debido a que el pago solo surgiría si las unidades entraban en operación y producían energía.

“La estructura del contrato hacía imposible la malversación de fondos o el fraude. Nunca existió la posibilidad de un tumbe, porque solamente se iba a pagar por la energía despachada y a un costo mucho menor de lo que pagamos por la energía de pico y de reserva”, expresó el funcionario.

La comparecencia de Colón ante la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Víctor Parés Otero, surgió en medio de una controversia que se ha extendido hasta una demanda presentada por Power Expectations ante el Tribunal Federal de Puerto Rico y la renuncia, este jueves, de la directora ejecutiva de la AEE, Mary Zapata.

Según Colón, la generación temporera de hasta 800 megavatios contratada con Power Expectations tenía un costo de 22 centavos por kilovatio-hora y “hubiese significado un alivio para nuestros consumidores”. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocó la aprobación del contrato el 14 de agosto, en medio de los alegatos de fraude, y posteriormente la AEE canceló el acuerdo.

Mientras tanto, la Comisión de Gobierno inició una pesquisa sobre el proceso de otorgamiento del contrato y los señalamientos realizados por Enchanted Rock relacionados con supuestas firmas falsificadas, problemas corporativos y and falta de transparencia.

Simultáneamente, el Congreso de Estados Unidos investigará la polémia luego de que un grupo de legisladores federales cursara una carta al zar de Energía para reclamar una serie de documentos y evidencia sobre el tracto de la transacción con Power Expectations.

Colón confirmó durante la audiencia que fue entrevistado “hace unos días” por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, luego de que remitiera el caso a las agencias de ley y orden. Sin embargo, el funcionario insistió en su defensa de la legalidad del proceso.

“Da la impresión a la ciudadanía de que hubo funcionarios del Gobierno que permitieron que se firmara un contrato que podía dar un tumbe, y eso es falso. Punto… Cien por ciento falso. En ningún momento eso podía pasar ni bajo ningún escenario posible”, insistió Colón a preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz.

Por su parte, el representante Parés Otero aseguró que la Comisión de Gobierno evaluará posibles enmiendas para atender los “posibles vacíos” en las leyes energéticas que permiten un sistema de subastas delegado al sector privado y que, a su juicio, está “fuera del control del Gobierno”.

“Si en este proceso investigativo que estamos llevando a cabo encontramos algo que esté fuera de la ley, algo que se haya violentado, no vacilaremos en presentarlo y enviarlo a las autoridades pertinentes”, indicó el legislador.

Citarán a Juan González y a otros funcionarios

El representante Parés Otero citó al licenciado Juan González Galarza, abogado principal de la AAPP, a una vista ejecutiva el martes, 8 de septiembre, para responder las interrogantes de la Comisión de Gobierno relacionadas con su participación en el otorgamiento del contrato.

Los portavoces Denis Márquez Lebrón y Héctor Ferrer Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático, respectivamente, solicitaron que González Galarza sea interrogado en una vista pública, luego de que ambos legisladores opinaran que no procede el privilegio abogado-cliente.

Sin embargo, el representante Parés Otero rechazó la moción. A su vez, adelantó que se celebrará una próxima vista pública con la comparecencia de la renunciante titular de la AEE y del director ejecutivo de 3PPO, Osvaldo Carlo, luego de que la Comisión de Gobierno examine los múltiples requerimientos de información entregados por ambos.

En esta vista pública participaron una veintena de representantes de todas las delegaciones políticas, incluidos sus respectivos portavoces.