La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó el martes, una certificación para garantizar el cumplimiento de la Ley 90 de 2017, que enmendó la Ley de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de obligar al ente rector de la institución a suspender, detener y desautorizar todo desembolso de fondos públicos mientras se interrumpa la prestación de los servicios en el sistema universitario o cualquiera de sus recintos por un término en exceso de setenta y dos (72) horas o de ocurrir la interrupción de los servicios en más de una ocasión en el semestre.
“Esta acción garantiza una sana administración pública y el uso adecuado de los recursos de la institución. Nuestra política es que todos los recintos permanezcan abiertos, aún cuando se celebren eventos en los que se manifieste la libertad de expresión. El primer centro docente de Puerto Rico tiene que cumplir con su misión educativa ininterrumpidamente”, destacó el presidente de la Junta de Gobierno, licenciado Walter Alomar Jiménez en comunicación escrita.
La Ley 90 se aprobó como consecuencia de la paralización de las operaciones en el primer centro docente durante manifestaciones estudiantiles en el año 2017. Durante dicho cierre, la Universidad desembolsó más de 75 millones de dólares por concepto de pago de nómina al personal.
Por virtud de la certificación aprobada, la Junta de Gobierno autorizó al presidente de la UPR, doctor Jorge Haddock, a descontar el pago de nóminas, beneficios marginales aplicables o cualquier otro gasto al personal no docente debido a los cierres por manifestaciones ocurridas en la UPR en Arecibo, Humacao y Mayagüez.
En cuanto al personal docente, el presidente deberá asegurar que la institución cumpla con los requisitos que establece la ley y la reglamentación universitaria en el desempeño de sus funciones para poder realizar el pago correspondiente. Esto, debido a que el personal docente tiene la obligación de cumplir con los cursos asignados, de acuerdo con el calendario académico.
Específicamente, la UPR en Arecibo cesó operaciones por manifestaciones el 21 de agosto de 2019, la UPR en Humacao los días 4 y 5 de noviembre, y la UPR en Mayagüez los días 13 y 14 de noviembre.
El presidente deberá solicitar a los rectores de las tres unidades que notifiquen al personal esta determinación y la aplicación de las licencias que provee la reglamentación universitaria.
