Junta Fiscal demanda al gobernador y AAFAF para invalidar la Ley 29

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El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, anunció el miércoles  que radicó una demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico para evitar que el gobierno ponga en efecto la Ley 29 y obligar al gobierno a cumpla con la ley PROMESA.

“La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pgar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente déficits futuros. “Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro. Los retirados actuales y futuros tienen que poder confiar en que sus pensiones se puedan pagar, lo que requiere que los patronos aporten su parte del PayGo”, dijo Carrión tercero en declaraciones escritas.

“En repetidas ocasiones, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos le ha solicitado al gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Supervisión que trabajen de la mano. Pero, por el contrario, el gobernador se ha rehusado a someter certificaciones y estimados de costo de sobre 100 nuevas leyes y resoluciones conjuntas, a someter informes de ingresos y gastos  para un sinnúmero de entidades gubernamentales, y en múltiples ocasiones ha firmado resoluciones conjuntas para el gasto de millones de dólares de fondos no presupuestados sin la aprobación de la Junta de Supervisión. Como resultado, la Junta no ha tenido otra opción que acudir al Tribunal para invalidar la Ley 29 y obligar a que el gobernador cumpla con PROMESA”, añadió.

De acuerdo a Carrión tercero, “el incumplimiento del gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. El gobernador también ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no están considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el año fiscal 2020”.

“El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un análisis o buscar la certificación de la Junta”, concluyó.

Expresiones autorizadas del Principal Oficial Financiero del gobierno de Puerto Rico y representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino Vega:

“La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico publicó una carta enviada el 2 de julio de 2019 aproximadamente a las 12:50 a.m. al Gobernador de Puerto Rico, al Presidente del Senado de Puerto Rico y al Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en donde expresa su preocupación por la Resolución Conjunta de la Cámara 513, recientemente aprobada en la Legislatura de Puerto Rico. Consideramos que esta comunicación es desafortunada tanto en sus declaraciones como en su aparente falta de apoyo para reembolsar alrededor de $1.4 mil millones en contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación del Sistema 2000.

La RCC 513 es una ley simple que (a) autoriza el depósito de $ 1.4 mil millones de fondos no asignados en la tesorería del estado en una cuenta fiduciaria, (b) requiere que dichos fondos estén separados de todos los demás fondos del Gobierno de Puerto Rico u otras cuentas de fideicomiso de jubilación, (c) y requiere que dichos fondos se mantengan en dicha cuenta de fideicomiso hasta que los términos y condiciones para su transferencia a participantes elegibles se establezcan de acuerdo con la ley aplicable. El Gobierno de Puerto Rico no tiene la intención de “gastar” o disponer de dichos fondos de otra manera que no sea como se indica a continuación.

Además, el depósito de estas cuentas fiduciarias en las condiciones establecidas por la Junta de Retiro de Puerto Rico en virtud de la Ley 106-2017 garantizará la disponibilidad y protección de dichos fondos, así como una mayor tasa de rendimiento una vez que se invierta de manera responsable en los bonos del Tesoro emitidos por El gobierno de los Estados Unidos.

La RCC 513 también requiere que el Director Ejecutivo de la Junta de Retiro de Puerto Rico comience las operaciones necesarias de registro y auditoría para determinar y certificar los montos específicos aportados y adeudados a cada beneficiario del Sistema 2000, así como autoriza la contratación de personal y asesores para tal fin. Como hemos explicado anteriormente, este proceso requiere meses de trabajo y debe iniciarse lo antes posible.

El ejercicio de los poderes legislativos a través de la aprobación de proyectos de ley es un sello distintivo de la forma republicana de gobierno y nos oponemos a que la Junta de Supervisión enturbie lo mismo como un mero “enfoque ad hoc”. Si bien es cierto que PROMESA establece en su lenguaje que la Junta de Supervisión puede prevenir una legislación estatal inconsistente, la Junta de Supervisión no debe presumir que todas sus cartas o comunicados de prensa tengan el mismo efecto legal.

Como cuestión de hecho, el Gobierno de Puerto Rico ha expresado su rechazo a cualquier potencial acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que pudiera perjudicar las pensiones públicas. De igual forma, el Gobierno de Puerto Rico también considera que es altamente inapropiado que la Junta de Supervisión pretenda tener el poder de negociar acuerdos de negociación colectiva cuando es el gobierno electo el que es reconocido como el patrono de empleados públicos y funcionarios bajo Puerto Rico y ley federal.

No obstante lo anterior, el Gobierno de Puerto Rico siempre ha apoyado el reembolso de las contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación Sistema 2000. Por esta razón, el Gobierno de Puerto Rico está ejerciendo, a través de la RCC 513, su autoridad gubernamental legítima para corregir la mala gestión gubernamental anterior de esos fondos sin ninguna condición adicional. Si la Junta de Supervisión desea apoyar sinceramente a los beneficiarios del Sistema 2000, debería revisar la RCC 513, reconocer que no hay incoherencia y respaldar el compromiso del Gobierno con este objetivo común”.