El Departamento de Justicia en ponencia enviada y firmada por su Secretaria, Dennise Longo Quiñones, aseguró no recomendar la aprobación de una medida que buscar crear la Ley para regular el Inventario de “SAFE Kits” en Puerto Rico.

La posición de Justicia se produjo durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que preside el senador Henry Neumann Zayas, sobre el Proyecto del Senado 1350, de la autoría de la exsenadora Zoe Laboy Alvarado y el Presidente de la Comisión y la cual busca establecer la “Ley Para Regular el Inventario de SAFE Kits”; disponer política pública; establecer las responsabilidades de las diferentes instituciones, departamentos y agencias; establecer los procedimientos para el análisis de los “SAFE Kits”; crear un portal electrónico de seguimiento estatal; disponer los derechos de las víctimas de agresión sexual, establecer el alcance e interpretación con otras leyes y reglamentos.

La Fiscal Ileana Espada en representación de la titular de Justicia advirtió que no recomendaría la aprobación de protocolos que ya están establecidos. “Considerando los proyectos existentes para atender la urgente situación de inventario de “SAFE Kits” bajo custodia de Ciencias Forenses sin analizar, no recomendaríamos que se adoptara, por el momento, legislación que contemple protocolos o procedimientos específicos y adicionales a los ya en función”, dijo siguiendo la posición de Longo Quiñones.

Esta declaración de Justicia tuvo el efecto de que Neumann Zayas cuestionara sobre la negativa a la fiscal. “¿Cómo puede estar Justicia en contra de esto?”, condenó el legislador.

“Lo que busca esta medida es poner orden donde nunca lo ha habido y en base en la manera que se trabaja en la actualidad podemos tener cientos, sino miles de agresores en nuestras comunidades sin haberlos llevado ante la justicia.”, sentenció Neumann Zayas.

“Para este tipo de legislación es importante el endoso del Departamento de Justicia”, resaltó Neumann Zayas. “Es devastador para un proyecto con el que se identificó un problema, que se realizó vistas oculares, buscamos la manera de resolver, entonces la mano fuerte que debe respaldar nuestra gestión dice que no hay que cambiar nada. Para el Departamento de Justicia no hay que cambiar nada porque para ellos todo está bien”, continuó cuestionando el también Senador por el Distrito de San Juan.

Otro de los cuestionamientos de Justicia es el que no se le incluyera en el grupo de trabajo interdisciplinario que propone la legislación. “Consideramos que la participación del Departamento de Justicia en el grupo de trabajo multisectorial, es esencial para no solo velar por la pureza de la investigación, si no, para determinar el manejo del caso post-análisis y el procesamiento de las personas responsables de tan horrible acto”, señaló la fiscal Espada.

“Este proyecto busca establecer un orden y un sistema de trabajar para establecer un protocolo al momento de tomar la muestra, de recibir la muestra, de entregar la muestra al Negociado de la Policía, al momento de entregar por la policía la muestra al Negociado de Ciencias Forenses, al momento de que se recibiera y de almacenar la misma”, insistió Neumann Zayas.

Por su parte, Rebecca Ward, Directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), adscrito al Departamento de Salud, admitió a preguntas del senador Neumann entiende, el rezago en el análisis responde a otras causas particulares del NCF y errores en la toma de evidencia. “El problema principal es la falta de recursos del NCF”, dijo.

Asimismo, explicó que el Centro capacita a todos los hospitales que tienen las facilidades necesarias para brindarle el servicio a las víctimas. Hay aproximadamente 75 salas de emergencias de hospitales que tiene los “Rape Kits”. Ward indicó que distintas personas (que establece el protocolo) pueden llevar a cabo la evaluación a la víctima y es el hospital que determina quien hará la evaluación.

Sin embargo, ante cuestionamientos, admitió, los hospitales no tienen supervisión en cuanto a dicho protocolo a seguir.

“No hay supervisión del gobierno estatal ni federal sobre quien atenderá a la víctima de agresión sexual”, insistió Neumann Zayas. A lo que Ward contestó que “el hospital determina quien en Sala de Emergencias es la persona mejor capacitada para atender a esta victima”. “Es la política pública que los hospitales tienen que cumplir. Nosotros auditamos las facilidades para que ellos cumplan con el protocolo”, dijo Ward.

Las instrucciones para el uso del “Kit de Recolección de Evidencia Forense” (también conocido como “SAFE Kit o Rape Kit”, se detallan en Capítulo VI del Protocolo. En este capítulo se explica quienes realizan el examen médico-forense a víctimas de agresión sexual, así como el contenido de la evaluación, el uso y manejo del “Kit de Recolección de Evidencia Forense”, las pruebas de laboratorio requeridas en estos casos, los tratamientos para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y el seguimiento médico necesario.

El Centro de Víctimas de Violencia tiene un inventario del rape kits que han repartido. En el informe mensual que realiza el CVV, contiene el núm. de caso, núm. de rape kits, edad de la víctima, tipo de agresión, género y quien lo atendió, entre otras.

Ward también admitió que no le dan seguimiento a los casos. “Nosotros tenemos unas limitaciones. La hemos requerido en el pasado (la información) y no la hemos recibido”, dijo Ward. Así como que han tenido problemas con el recogido.

Según el CAVV, las estadísticas más recientes de violencia sexual recolectadas por la Unidad de Estadísticas e Investigación del Centro, revelan que para el año 2018 se reportaron 1,097 casos de agresión sexual referidos al Negociado de la Policía de Puerto Rico, 769 fueron referidos al Departamento de la Familia por tratarse de menores sexualmente acusados y 540 casos de agresión sexual fueron atendidos en las salas de emergencia del país.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública, endosó la medida. “Somos enfáticos en apoyar la medida, ya que entendemos que la misma nos ayudará a mantener un orden funcional en cuanto al trato de estos kits, y no volvamos a tener miles de estos sin atender por burocracia gubernamental”, preciso Melinda Romero, quien asistió a la vista pública en representación del Secretario, Elmer Román.

Henry Neumann insistió en defender el Proyecto de Ley. “Hay que tener bien claro lo que significa tener almacenada más de 1,500 pruebas de ADN relacionado con un trauma que ha sufrido una persona, una víctima que no solo, ha sufrido el trauma que ha tenido de una violación, sino de ver a su agresor porque no se ha llevado el proceso de evaluar la prueba de ADN y llevarlo ante los tribunales. Ese asunto es nuestra responsabilidad resolver”.

A la audiencia también se convocó al Departamento de la Familia endosa la medida, aunque somete algunas recomendaciones.

“Hemos visto un cambio después que surgió la investigación. Ha existido un esfuerzo después de la Vista Ocular para trabajar con estos safe kits, inclusive se nos ha informado que se contrató a unos laboratorios en los Estados Unidos para trabajar con los primeros 750 en un intento para poner al dia los atrasos. Detrás de cada safe kits hay una víctima. En reacción a esa investigación y los que vivimos esa experiencia de haber visto ese almacenamiento es que surge el Proyecto del Senado 1350”, concluyó.