La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, informó que la División de Crimen Organizado y Drogas, presentó cargos hoy contra Nashaly Roxane González Rodríguez, de 28 años, quien trabajaba como guardia correccional, por realizar contrabando con sustancias controladas y otros artefactos en una cárcel del municipio de Guayama.

Los fiscales Luis Castro Rossó y Andrés Pérez Correa, ambos adscritos a la División de Crimen Organizado y Drogas, formularon siete cargos contra la imputada. Estos incluyen, posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal, tentativa de introducción de objetos a un establecimiento penal, soborno, tentativa y conspiración, al amparo del Código Penal y la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. De igual forma, dentro de estos cargos se encuentran diversas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Conforme a la investigación del agente Michael Danuz Reyes, adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la imputada recibió un paquete con cocaína y fentanilo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Cayey y esta hizo entrega de dichas sustancias controladas en la Institución Penal de Guayama 500, el pasado 12 de marzo. Posteriormente, González Rodríguez se disponía a realizar el mismo patrón pero esta fue arrestada por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales luego de recibir el fentabilo y el pago de $3,000, en el día de ayer. Por lo que las sustancias no lograron ser ingresadas a la institución penal.

“Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia en procesar a todo aquel que violente la ley. Las acciones de la imputada serán procesadas con todo el rigor que impone nuestro ordenamiento jurídico. Reconozco la labor de los fiscales de la División de Crimen Organizado, dirigida por la fiscal Jenniffer Reyes Martínez y los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales que trabajaron en el procesamiento de este caso”, expresó Parra Mercado.

El juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa por todos los cargos presentados por el Ministerio Público y le impuso una fianza de $175,000, la cual fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

La vista preliminar fue señalada para el próximo 9 de abril.