El Departamento de Justicia recomendó el miércoles, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exalcalde Enrique Questell Alvarado por existir causa suficiente para creer que infringió varias disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y leyes especiales al nombrar a la señora Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel, en incumplimiento con los requisitos establecidos por ley, y obstaculizar los procesos de auditoría llevados a cabo por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Así lo informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió un informe emitido por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia tras completar una investigación preliminar originada por un referido de la OCPR.
Conforme a la investigación de la DIPAC, el exalcalde pudo haber violado las disposiciones de los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, sobre la omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, respectivamente. También pudo haber incumplido con las exigencias de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos y la Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
“Las acciones del exalcalde podrían constituir: (1) violación a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 37-2004, Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dicha legislación tipifica como delito grave que una persona o funcionario retrasare, obstruya o impida una auditoría o investigación que lleve a cabo la OCPR, o cualquier funcionario designado por éste para llevar a cabo dicha gestión; y (2) al artículo 11.027 (a) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, que dispone, en lo pertinente, que toda persona que intencionalmente viole cualesquiera de las disposiciones de esta ley, o que viole las ordenanzas, reglamentos o las normas aprobadas en virtud de esta, incurrirá en delito menos grave”, lee el informe.
“El 1 de junio de 2021, se recibió en el Departamento de Justicia el informe de auditoría M-21-43 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el cual contiene recomendaciones para investigar un hallazgo relacionado con el nombramiento y la remuneración de la exdirectora de Finanzas del municipio de Santa Isabel, Sra. Carmen Rivera Torres, realizado por el exalcalde de dicho municipio, Enrique Questell Alvarado, en contravención a las leyes aplicables. Inmediatamente, referimos el informe a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Ayer, remitimos a la OPFEI el resultado de la investigación preliminar que realizamos por disposición de ley”, explicó el secretario Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
El informe de auditoría de la OCPR señala que el nombramiento de la exdirectora Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba. Tampoco estaban presentes los elementos exigidos para que a la funcionaria se le concediese un interinato ni el pago de un diferencial, que constituye una compensación especial, adicional y separada al sueldo regular.
Además, el informe de auditoría contiene un comentario especial, señalando varias acciones y omisiones cometidas por el exalcalde Questell Alvarado que retrasaron y obstaculizaron los procesos de auditoría llevados a cabo por los auditores de la OCPR en el municipio de Santa Isabel. En dicho informe se presenta en detalle las circunstancias que afectaron los procesos de auditoría, tales como, cancelación de las entrevistas, reuniones con el exalcalde en las cuales manifestaba que suspendía la auditoría y el retraso en la entrega de los documentos requeridos por los auditores, entre otras.
Debido a que la investigación continúa, ahora bajo la jurisdicción de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
