La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por el representante Víctor Parés Otero, realizó el miércoles una evaluación sobre la seguridad de empleo y los beneficios marginales que tendrán los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dentro de la implementación de las leyes para transformar el sistema eléctrico de la Isla.
Durante los trabajos compareció la licenciada Sandra Torres, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), quien presentó su posición en torno a la puesta en vigor de la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, así como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, específicamente en torno a las garantías que cobijan a los empleados de la AEE, una vez se haga de la transición a la compañía LUMA Energy.
Torres indicó en comunicación escrita que las leyes antes mencionadas “garantizan la protección de los derechos de los empleados de la AEE”.
“En consideración a lo antes mencionado y para atender una solicitud de la Comisión para que nos expresemos sobre el particular, es importante aclarar que el memorando del 31 de agosto de 2020 del director de Recursos Humanos y Asuntos Laborales de la AEE, Marc Thys, intitulado “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, adolece de especificidad y claridad toda vez que obvió las enmiendas vigentes dispuestas para la sección 15 de la Ley 120-2018 que trata sobre el tema”.
La abogada añadió que “como resultado, el documento no contempla los derechos legislados para los empleados de la AEE que sean contratados por la empresa con quien se haya estipulado un contrato de transacción, a tenor con el citado estatuto. Estimamos necesario que la AEE coteje dicho memorando y atempere su contenido al estado de derecho vigente”.
El representante Parés Otero señaló que ante sus reclamos en torno a este documento, Thys, envió una enmienda a este memorando en el que se atempera la posición de la AEE a las leyes vigentes.
Sostuvo que las disposiciones de esta ley y cualquier contrato de alianza o de venta o privatización que se lleve a cabo en la AEE de conformidad con esta ley, no podrán ser utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular.
También enfatizó que “ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultados de las transacciones de la AEE”. Sin embargo, indicó Torres que no necesariamente la cuantía de los beneficios, tales como el plan médico, serán similares a los que se devenga en la corporación.
Asimismo, planteó que “a todos los empleados que como el resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados del o los contratantes de las transacciones de la AEE, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley”.
De otra parte y a preguntas de Parés Otero, la funcionaria no pudo precisar la garantía de empleo de los empleados que se muevan a las agencias públicas, bajo la próxima administración. Torres señaló que lo único que les cobija son las leyes actuales y la política pública del Gobierno de Puerto Rico en este cuatrienio de no despedir a ningún empleado público.
Otro de los puntos que se trajo a la atención de la Comisión, es el hecho que la OATRH, no ha participado en el proceso para evaluar a los empleados que se movilizaran a otras agencias, debido a que según la Lcda. Torres, la AEE, como corporación pública tiene autonomía para trabajar este asunto y las consultas que han pedido a la entidad que dirige han sido mínimas. No fue sino hasta hace varios días, según información vertida en los medios, que LUMA iniciará las entrevistas a los empleados.
“Hoy me llevo una serie de preocupaciones, tales como el hecho de que un empleado que se mueva a una agencia, no se lleva su plan médico, lo que afecta a los trabajadores que tengan familia y dependan de este plan para atender las necesidades médicas de sus componentes”, mencionó el representante Parés Otero, quien se propone evaluar todas las inquietudes que tienen los empleados de la AEE para redactar un informe que será sometido al pleno de la Cámara de Representantes.
El legislador expresó que dicho informe “podrá contener enmiendas a algunas leyes para que sea más claras y específicas, de modo que se garantice en blanco y negro el empleo de estos trabajadores que son 5,500”. Y, no descartó que estas enmiendas se presenten ante que termine el cuatrienio.
