Las representantes Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez anunciaron el jueves, la radicación de un paquete de medidas dirigida a regular la práctica de los ajustadores públicos en Puerto Rico ante quejas de la ciudadanía relacionada al proceder de algunas de estos ajustadores durante el proceso de evaluación de daños después de los huracanes Irma y María.
“Como saben, hemos estado mirando esta práctica de los ajustadores públicos desde el año 2018, cuando un grupo de ciudadanos y comerciantes se nos acercaron con serias preocupaciones ante lo que entendían eran acciones poco legales. La pasada semana realizamos una vista pública donde salió a relucir escandalosos datos, como que existen más de 11 querellas en la Oficina del Comisionado contra ajustadores públicos relacionados a acciones de fraude en estimados de daños. También, que las reclamaciones de los huracanes Irma y María que no se han resuelto es a consecuencia directa de sobreestimados y acciones fraudulentas de algunos ajustadores. Por eso decidimos radicar estas medidas”, señaló Mas Rodríguez, quien representa el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán en comunicación escrita.
El Proyecto de Ley que se radicará el día de hoy establece un tope de un 10 por ciento a los honorarios por contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de la reclamación. La medida, también por primera vez, brinda garras a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para imponer severas multas y hasta cancelar licencias a los ajustadores que actúen de manera fraudulenta.
También se sometió una Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes dirigida a ordenar a la OCS a recolectar estadísticas y data sobre reclamaciones atendidas por los ajustadores públicos.
“Definitivamente que hay que ponerle copo a la práctica ilegal de sobreestimar daños para coger un mayor por ciento de la reclamación. Eso es ilegal e inmoral. Por tal razón, acogimos la propuesta de la Oficina del Comisionado de Seguros de establecer, por ley, un tope de 10 por ciento a cada ajustador. Por otra parte, nos parece vital que existan consecuencias a actos fraudulentos, de tal forma radicaremos un proyecto que imponga, nuevamente por ley, multas de entre 5,000 a 30,000 dólares por violación y que se cancele la licencia por cinco años después de la segunda infracción”, dijo Lebrón Rodríguez, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes.
Según datos de la OCS, actualmente existen 11 investigaciones en curso en torno a posibles actos ilegales cometidos por múltiples firmas de ajustadores públicos durante la emergencia del huracán María en septiembre de 2017. La inmensa mayoría de las estas investigaciones involucran a entidades que vinieron de los Estados Unidos luego del desastre ocasionado por María.
Durante la vista pública celebrada la pasada semana, la presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Iraelia Pernas, confirmó la problemática con los ajustadores públicos.
“La mayoría de las reclamaciones post (huracán) María que aún están dilucidando no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos”, afirmó Pernas en su ponencia.
Las legisladoras, afiliadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), adelantaron que continuarán con la pesquisa y no descartan realizar referidos al Departamento de Justicia.
La investigación se realiza bajo el amparo de Resolución de la Cámara 1094, de la autoría de Mas Rodríguez y radicada en el 2018, la cual ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor hacer una pesquisa sobre las prácticas de los ajustadores públicos en la Isla.
