El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, el representante Víctor Parés Otero, reanudó el viernes los trabajos de la Resolución de la Cámara 64, que evalúa la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, con el objetivo de asegurar una adecuada y ordenada transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Como parte de la investigación sobre la implementación de los estatutos que rigen el proceso de la Alianza Publico-Privada para administrar el sistema de transmisión y distribución de la AEE, deponen en la Comisión cameral de Energía la UTIER, UITICE, UEPI, y la UPAE. #RC64 pic.twitter.com/3GZ1aA2sMz
— Víctor Parés Otero (@VictorPares2020) October 16, 2020
En representación de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), compareció Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), quien recomendó a la Comisión cancelar el contrato otorgado a LUMA Energy para operar y administrar el sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico de la isla.
Seguido, Figueroa Jaramillo expresó en comunicación escrita a los miembros de la Comisión que la UTIER, el Sistema de Retiro de Empelados de la AEE y otras entidades están en proceso de impugnar el Contrato y su proceso de aprobación tanto en el ámbito administrativo como judicial.
“La UTIER y el Sistema de Retiro de Empelados de la AEE está dando la batalla contra la prioridad administrativa de los pagos a LUMA Energy por su transacción a Puerto Rico”, agregó al asegurar que ha puesto a la Autoridad en un déficit presupuestario preocupante, ya que la transacción inicial, provenientes de fondos públicos, le ha constado 26,346,003.84 dólares al pueblo de Puerto Rico.
De igual forma, el líder sindical reiteró que, “el punto de vista de todas las opiniones legales que hemos hecho el contrato es nulo, es leonino, por violar varias disposiciones de leyes vigentes y sus políticas públicas. Por lo tanto, de su entrada no se debe continuar con el contrato. Hay que cancelarlo”.
Asimismo, Figueroa Jaramillo presentó evidencias de cómo el contrato contiene revisiones de tarifa y no reconoce los convenios colectivos. “LUMA tiene previsto solicitar una revisión a los 186 días de firmado el contrato”, agregó al insistir que el contrato no le hace justicia al pueblo puertorriqueño.
A preguntas del representante Parés Otero sobre las disposiciones de la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, el presidente de la UTIER señaló que “incumple con los requisitos”. Insistió que el contrato incumple con las dos leyes que están bajo evaluación de la Comisión, ya que “contempla aumentos de las tarifas que podría estar en vigor a principios del año que viene”.
En cuanto a las garantías de los empleos, Figueroa Jaramillo indicó que, según su apreciación, esa garantía no está asegurada, “LUMA no está comprometida a reclutar… No veo esa seguridad de empleo por parte de LUMA”.
Seguido, el presidente de la Comisión señaló, “la Ley 120 está clarita. No hay que hacer ninguna ley nueva, ni enmendarla, es clara en ese sentido. Por ello, le hemos cursado cartas, tanto a la AEE, como al director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), para que honren esta ley que dicta política pública en el tema de los empleados de la Autoridad”.
El representante Parés Otero reconoció que la AEE y la AAPP no están cumpliendo con las disposiciones de las leyes. “No están cumpliendo con las leyes en el aspecto del personal de la Autoridad. Hacer ferias de empleos, ciertamente, crea una expectativa distinta a esa empleomanía. La ley que se aprobó, la Ley 120, garantiza, en blanco y negro, su permanencia de empleo”.
Por tal razón, adelantó que estará rindiendo un informe con todos los hallazgos y posteriormente legislar para reforzar mediante mandato de ley los derechos adquiridos y empleos de los servidores públicos de la AEE.
