(CyberNews) — El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, anticipó el sábado que si el Tribunal Supremo revoca la inmunidad al consorcio por daños a enseres, redundará en un aumento en la tarifa eléctrica.
“Agradecemos la oportunidad de mostrarle al Tribunal Supremo que la propuesta de DACO tendría un impacto a nuestros clientes. Intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas de la luz. Ya sea por una mayor exposición a reclamaciones o porque el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establezca un fondo para pagar por enseres, estas medidas inevitablemente implicarán mayores costos para los clientes. Los tribunales en Estados Unidos han respaldado la inclusión de límites de responsabilidad para las compañías eléctricas bajo el fundamento de que agencias reguladoras, como el NEPR, tienen la autoridad para extender dichos límites de responsabilidad”, dijo Saca en declaraciones escritas.
El Tribunal Supremo acogió la demanda presentada por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO).
Secretaria del DACO reacciona
Por su parte, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo criticó que LUMA rechace nuevamente su responsabilidad de responder a los mejores intereses del consumidor.
“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si LUMA responde por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”.
Enfatizó que en Puerto Rico, bajo el Código Civil, los daños causados por negligencia son responsabilidad personalísima de quien los causa. “Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral: viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes”.
“El derecho a reclamar cuando uno sufre un daño no puede depender de los intereses económicos de un contratista privado. Esa garantía está anclada en nuestro ordenamiento jurídico y en la dignidad de cada ciudadano.
LUMA quiere hacerle creer al país que si se le exige rendir cuentas, el sistema colapsará. Pero la realidad es otra: es precisamente la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo.
El DACO no cederá ante presiones ni campañas de miedo. Seguiremos defendiendo el derecho del consumidor a reclamar, a ser escuchado y a no quedar indefenso ante la negligencia. La justicia no puede tener excepciones ni tarifas especiales”, concluyó.
