La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó sobre los más recientes esfuerzos desde la capital federal en apoyo de que ambas cámaras del Congreso aprueben legislación para que Puerto Rico tenga acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP por sus siglas en inglés.
Hoy, la comisionada Jenniffer González Colón y la senadora Kirsten Gillibrand se unieron a la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico y la Federación Hispana para anunciar una declaración conjunta firmada por más de 200 organizaciones en los estados y Puerto Rico que muestra el apoyo multisectorial para que se apruebe la legislación que ambas congresistas lideran de manera bipartita en ambos cuerpos, el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (H.R.253/ S.949). Los firmantes incluyen representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones comerciales, sector de agricultura, la academia e instituciones religiosas.
“El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, juega un papel importante en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en todo el país. Desafortunadamente, Puerto Rico no tiene acceso a SNAP y, en cambio, depende del Programa de Asistencia Nutricional, o PAN, que limita la asistencia disponible para los ciudadanos americanos que viven en la isla. Como hemos visto, el PAN no se adapta a los aumentos en la demanda y retrasa la respuesta ante desastres. Es por esto que he presentado varias piezas de legislación, la más reciente H.R. 253, la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico, para asegurar una transición de PAN a SNAP, que es mi principal prioridad para la próxima Ley Agrícola de 2023”, dijo la congresista Jenniffer González Colón.
La congresista agradeció a “la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico por su firme apoyo a este tema, así como a todos los interesados de diferentes sectores que quieren ver que esta transición suceda. También agradezco a la Senadora Gillibrand por presentar la Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico en el Senado”.
En la conferencia de prensa, estuvieron la comisionada residente Jenniffer González Colón; la senadora Kirsten Gillibrand; Lillian Rodríguez López, directora de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico; Frankie Miranda, presidente y CEO de la Federación Hispana; el shadow delegate Roberto Lefranc, el senador por Acumulación William Villafañe, Mari Jo Laborde, CEO del Banco de Alimentos de Puerto Rico; Josh Protas, vicepresidente de MAZON, organización judía que trabaja contra la hambruna; Guillermo Mena, director de National Hispanic Caucus of State Legislators; y Luis Dávila Pernas, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico
El Puerto Rico Nutrition Assistance Act, traza la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El programa del PAN cuenta con una cantidad de fondos fija que no permite que el programa se ajuste automáticamente a cambios en demanda. Estos son particularmente notables luego de emergencias, como los huracanes y la pandemia, que tienden a aumentar la participación en el PAN. De igual forma, este programa ofrece menos beneficios mensuales comparado con los de SNAP.
El proyecto autoriza un periodo de 60 días para que Puerto Rico presente al Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) un plan de operaciones y otro de transición para SNAP. USDA estaría requerido de ofrecer asistencia técnica durante este periodo para maximizar que el proyecto sea uno viable.
Por su parte, USDA luego cuenta con 180 días, o 6 meses, para avaluar el plan y determinar si cumple con los requisitos y regulaciones de SNAP, de cumplir el secretario de USDA tiene 60 días para certificar al Congreso que Puerto Rico cumple con los requisitos y puede operar dicho programa. Luego de esto, la Isla estaría en SNAP durante el primer año fiscal que comience un año luego de la certificación, para permitir un ciclo presupuestario que garantice los fondos necesarios.
La medida autoriza un periodo de hasta 5 años donde USDA podría continuar el programa del PAN en lo que se instala completamente el SNAP y así proteger los servicios a los beneficiarios durante la transición.
