Los representantes José Enrique “Quiquito” Meléndez, José J. “ Che” Pérez, José Aponte Hernández y María Milagros Charbonier informaron el martes que presentaron el Proyecto de la Cámara 2084 para obligar a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, que ofrecen servicios a la ciudadanía, a que provean todos sus documentos en los idiomas inglés y español, tal y como se constituyó en la Ley 1 de 1993.
“Con este proyecto solo buscamos hacer cumplir a las agencias de gobierno que le ofrecen servicios esenciales a la ciudadanía lo que se aprobó en la Ley 1 de 1993. Todos sabemos que el inglés es el idioma que más se utiliza para realizar comunicaciones y transacciones internacionales. Adicional, es increíble que siendo un gobierno donde realizamos miles de gestiones gubernamentales en conjunto con un sin número de agencias federales del gobierno de los Estados Unidos no estemos cumpliendo con una regla tan básica como proveer los documentos oficiales en idioma inglés”, dijo Meléndez en una comunicación escrita.
Indicó que según se desprende de la exposición de motivos del proyecto, “con la aprobación de la Ley 1-1993, se estableció que el español y el inglés son los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, esta dispone que ambos idiomas se podrán utilizar, indistintamente, en todos los departamentos, municipios, u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial de Puerto Rico. A su vez, esta ley permite que el ciudadano solicite del Gobierno la expedición de documentos en uno o ambos idiomas, según sea su necesidad. Igualmente, manifiesta que se podrán hacer traducciones e interpretaciones orales de un idioma al otro, de modo que las partes interesadas puedan comprender cualquier procedimiento o comunicación en dichos idiomas”.
Alegó que todavía existen dependencias gubernamentales que no cuentan con documentos debidamente traducidos al idioma inglés, ni con traductores competentes para asistir a los ciudadanos del referido lenguaje al solicitarles sus distintos servicios.
“El negarle un documento o formulario de solicitud de servicio a un ciudadano por el mero hecho de este no encontrarse en el idioma vernáculo de quien lo peticiona, afecta adversamente el derecho de este a acceder a la información pública. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la información gubernamental, puesto que este es uno de naturaleza constitucional implícito y derivado del derecho de libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución de Puerto Rico”, sostuvo.
“Esto no se trata de postergar o abdicar nuestro vernáculo, el idioma español, ni que nos hayamos rendido a nuestra lengua ni nuestra cultura, sino de que ya es hora que seamos buenos anfitriones, que comencemos a trabajar como otros países alrededor del mundo y les brindemos las herramientas, para que ellos, los que provienen de otros estados, o de otras jurisdicciones del mundo, inclusive los turistas que nos visitan, puedan también aportar y realizar sus gestiones gubernamentales sin nosotros ponerles más piedras en el camino”, finalizó.
