Durante una vista pública realizada hoy por la Comisión de Seguridad Pública que preside Henry Neumann Zayas sobre los Proyectos de la Cámara 1698 y 1699, el Presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, Eduardo Cardona y su asesora legal, la licenciada Agnes Martínez, señalaron que el Negociado está recibiendo anualmente un total de cerca de 3, 400 cadáveres que no cumplen con los requerimientos para ser referidos.
“En palabras sencillas, El Negociado está recibiendo anualmente el doble de cadáveres que realmente debe atender. Esto representa una carga enorme e innecesaria para el Negociado, en especial partiendo del reto que la agencia tiene de un personal limitado, y en su capacidad de servicio en casos que, sí lo ameriten”, señaló Cardona.
La data antes mencionada, les fue brindada a la Asociación de Funerarios por parte del Negociado y se detalla de la siguiente forma: el promedio de cadáveres recibidos anualmente en el Negociado de Ciencias Forenses es de 6,200, de estos, solo se realizan un promedio de 2,500 autopsias al año. De los 3,700 cadáveres restantes, hay 3,400 muertes recibidas por causas naturales que no debieron de haber sido referidos al Negociado en primera instancia. Los 300 cadáveres restantes son casos que por alguna razón fueron referidos al Negociado, pero que finalmente no requirieron ser autopsiados. Estos casos ameritan una evaluación, pero no necesariamente una autopsia.
“Yo entiendo que si limitamos la cantidad de cadáveres que llegan allí tenemos gran parte del problema solucionado”, dijo por su parte el presidente de la Comisión de Seguridad Publica Neumann Zayas.
La razón de que haya el doble de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses se debe en gran parte, a juicio de Eduardo Cardona, a “aquellos cadáveres que mueren en los hospitales, que son enviados de forma automática al Negociado, ya que los médicos no certifican en estos casos la causa de la muerte. Este traslado puede ser fácilmente evitado si el médico o profesional de la salud debidamente autorizado, certifica su muerte. Igualmente, el Negociado recibe cadáveres que han fallecido en sus residencias por causas naturales y que automáticamente sin otra consideración son referidos y trasladados al Negociado, aun cuando las circunstancias no lo ameritan. En este caso los policías de forma automática solicitan la boleta al fiscal y al haber una boleta emitida nos vemos en la obligación de transferir los cuerpos sin otra consideración al Negociado”, detalló.
“Aquí todos los componentes tienen una función que no están llevando a cabo y quien está pagando las consecuencias al final es el Negociado. Policías haciendo referidos sin hacer una investigación que le traiga una sospecha de que ese cadáver tiene que tener una investigación más profunda. Fiscal viene automáticamente expide una boleta sin hacer una investigación que establezca que amerita enviar ese cadáver al Negociado. Hospitales que tenemos que o se aseguran que sus médicos que son sus contratistas y que tienen una responsabilidad en la función de los médicos, cumplan con las políticas. Aquí cuando llegan las personas a emergencias de un hospital lo primero en el protocolo es que hay que llamar a su médico de cabecera. Nosotros tenemos cuatro componentes en la cadena que no están llevando a cabo su función completamente” denunció por su parte la asesora legal de la Asociación de Funerarios, licenciada Agnes Martínez.
La licenciada Martínez sugirió a los miembros de la Comisión presentes que se le dé facultad al Negociado de Ciencias Forenses, el que pueda sancionar a todo aquel componente que lleve cadáveres que no cumplan con los requerimientos para estar allí.
“Aquí hay que traer a los cuatro componentes y nosotros tenemos que requerirle a cada uno de ellos el cumplimiento de esa responsabilidad y tenemos que facultar al Negociado para poder sancionar los incumplimientos, porque por eso es que todo esto se está dando de forma automática, porque como no hay consecuencias. Entonces al final quien es el que paga, el pueblo que es el que paga con sus contribuciones todos estos gastos, porque nosotros tenemos componentes que no cumplen y tenemos un Negociado que no tiene herramientas para que estas personas puedan cumplir”, advirtió.
Así las cosas, la Asociación de Funerarios de Puerto Rico endosa ambas piezas legislativas.
El Proyecto de la Cámara 1698 es para enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado el termino de diez (10) días desde la autopsia e investigación. Por su parte el Proyecto de la Cámara 1699, también enmienda la ley antes mencionada, pero a los fines de establecer el deber ineludible que tiene el médico o profesional de la salud que hubiere asistido una persona en vida y no pudiera razonablemente establecer que su muerte se debió a causas naturales y para otros fines relacionados.
Mientras tanto, la Asociación de Hospitales no endosa ambas medidas. En el caso del P de la C 1699 entienden que “debe realizarse un análisis más profundo de la situación que se quiere atender y que se describe como una confusión pues las facultades que tendría el Negociado de rechazar cadáveres que se anticipa no pueden ser certificados conforme la Ley por médicos del hospital es esencial a la discusión de este tema”, indicó la licenciada Heydee Rodríguez Benítez, quien acudió a la audiencia pública en representación de la Asociación de Hospitales.
En torno al Proyecto de la Cámara 1698 sí la favorece, ya que entienden que con la aprobación de la misma podrá reducirse el inventario de los cadáveres cuyo proceso de autopsia e investigación ya haya culminado en el Negociado, lo que tendrá, como resultado, a su juicio, el liberar espacio en la morgue y facilitar un mejor manejo de almacenamiento de cadáveres.
Mientras, el Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Víctor Ramos no favorece el Proyecto de la Cámara 1699, tal y como está redactado. “Entendemos prudente que se reconozcan otras instancias donde es necesario una autopsia compulsoria por desconocerse o no poderse determinar una causa de la muerte y cuando sean necesarias desde el punto de vista clínico o epidemiológico para proteger la salud pública”, indicó.
Pero Ramos esbozo unas sugerencias para ser viable la medida entre estas: que por obligación tanto en los hospitales como en muertes ocurridas en las residencias tengan que llamar al médico de cabecera. Actualmente la ley no lo faculta, que la licencia de un médico incluya poder hacer la determinación de que la muerte es consecuencia de una condición crónica. Otra cosa que se puede hacer. Obligar a las aseguradoras a pagar las autopsias privadas y que el médico de cabecera pueda entrar al hospital solo para certificar la muerte.
Estas sugerencias fueron avaladas por el senador de la Minoría Popular, Miguel Pereira Castillo especialmente lo de obligar a las aseguradoras a pagar las autopsias privadas.
Sin embargo, no tiene reparos y entiende prudente que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1698 conforme consta redactado.
