“Vamos por buen camino”, así reaccionó el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, al recibir el informe del Monitor Federal (JCC) en el caso de la División de Servicios de Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI).
El Monitor reconoció la política pública de cumplimiento de esta administración. Específicamente destacó los avances significativos en términos de comunicación, transparencia, colaboración y suministro de información a la Oficina del JCC. Por otro lado, resaltó los esfuerzos para abordar la problemática en la polifarmacia, sobre medicación y uso inapropiado de medicamentos psicotrópicos entre los participantes.
“Mi compromiso y el de todo el equipo del DSPDI es brindarles a los participantes los servicios que necesitan y que le demos las herramientas que los ayuden a alcanzar una vida independiente y productiva. El Gobernador Pierluisi nos ha pedido que atendamos con prioridad este tema y así lo hemos establecido. Continuaremos los esfuerzos para avanzar los niveles de cumplimiento”, aseguró el Secretario de Salud.
Mellado recordó que desde que asumió las riendas del Departamento de Salud, el cumplimiento con el caso de DSPDI ha sido una de sus prioridades. “Cambiamos el enfoque de uno litigioso a uno de cumplimiento y retomamos la comunicación directa con el JCC. Hemos adoptado una política de cumplimiento y mi prioridad es concluir de una vez y por todas con este caso que ya cumple 23 años”, insistió.
Según se desprende del informe, el DSPDI trabajará en otras áreas en otras áreas clínicas sin olvidar los demás señalamientos, específicamente atenderá a las: Poblaciones de Alto Riesgo y Polifarmacia; Vida independiente; Desinstitucionalización; y Empleo/colocación laboral.
Entre los avances más significativos en nuestro manejo de la población de personas con discapacidad intelectual, se encuentran los siguientes:
1. Desarrollo de un plan comprensivo de apertura de hogares comunitarios para proveer mejores servicios, que incluye un aumento presupuestario de sobre $7 millones;
2. Implementación de nuevas tarifas a proveedores tras el estudio de Burns & Associates que redundará en mejores servicios para los participantes;
3. Creación de Planes de Transición Individualizados para todos los participantes que residen en Instituciones;
4. Mejorar los reportes de incidentes en la plataforma THERAP, así como la implementación de medidas correctivas y remediales;
5. Proyecto de polifarmacia ambicioso, que busca minimizar el uso inapropiado de múltiples medicamentos por los participantes;
6. Viaje conjunto del Monitor Federal y el Secretario de Salud para evaluar servicios a personas con discapacidad intelectual en otras jurisdicciones.
7. Creación del Comité de Incidentes, el Comité de Polifarmacia, y un nuevo “Comité de Atención a Participantes de Alto Riesgo” (CAPAR)
8. Mejoras en patrones de prescripción y perfiles de medicación.
9. Rendición de informe del Comité de Revisión de Mortalidad (“MRC”) esté sobre la mortalidad correspondiente dentro del plazo de 30 días exigido por el JCAP.
10. Compra de vehículos para transporte de pacientes.
De igual forma, el Juez Gustavo Gelpí, quien presidió los trabajos hasta que fue ascendido al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, ha expresado que nuestra administración ha tomado acciones puntuales y positivas para resolver de una vez y por todas las deficiencias del DSPDI, hecho que le ha llenado de satisfacción. Tras el ascenso del Juez Gelpí, el caso ahora se encuentra presidido por la Jueza federal Silvia Carreño Coll.
