El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda expuso el viernes que los municipios no se verán afectados por cambios en los recaudos que incluyen subsidios al inventario que pagan los pequeños y medianos comerciantes (Pymes).
“La idea no es sustituir el impuesto y cargárselo a otra área donde el consumidor siempre es el que paga. La idea es generar impuesto nuevo de estos tipos de incentivos y empezar subsidiando el impuesto al inventario que pagan los pequeños y medianos comerciantes”, dijo Cidre Miranda a preguntas de la prensa.
“Eso no quiere decir que estamos quitando el impuesto al municipio. Es que ese pequeño y mediano comerciante subsidiaría este impuesto. Ellos no tienen que pagarlo. Estos fondos que se recolecten a través de estos incentivos cubrirían esas partes que ya no tienen que pagar”, añadió.
“En otras palabras, no estamos perjudicando a los municipios, recibiendo sus 280 millones de dólares, obviamente en fondos diferentes que no comprometen el bolsillo del consumidor”, expuso Cidre Miranda al asegurar que “los municipios van a lograr impactos en otras áreas, entre ellos, impuesto de construcción, el IVU a raíz de estos 100 mil millones de dólares. Este impuesto al inventario, en esta etapa, lo que persigue es que no se perjudique hasta que se consiga una fuente que no comprometa al bolsillo del consumidor y que no afecten las arcas de los municipios”.
Las expresiones de Cidre Miranda se dieron durante una conferencia de prensa donde se presentó un estudio del economista José Caraballo Cueto en torno a la efectividad de la Ley 20 sobre exportación y servicios; la ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico y la Ley 273, Ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico.
Expuso que se debe enmendar la política pública del ejecutivo y la legislatura para detectar a quien viene a invertir a Puerto Rico del que viene a evitar impuestos de otras jurisdicciones.
Para ello se recomendó la fiscalización de decretos como la exigencia de entrega anual de documentos 1040R y 940R para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas con decreto.
