New Fortress Energy (NFE) participará del proceso de investigación que inició a la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara de Representantes sobre las acciones que dieron base a que la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) otorgara un contrato de exclusividad, por 20 años, a dicha empresa para administrar los muelles A y B, localizados en la zona de Puerto Nuevo, en la bahía de San Juan.
En una carta enviada el pasado 22 de julio, el asesor legal de NFW, el licenciado Jorge Fernández, respondió a una solicitud de información enviada el 15 de julio por el presidente de la Comisión, José Aponte, en donde éste solicita a la empresa la “conservación, reproducción y entrega” de toda documentación relacionada con la firma del contrato número 2018-000089, entre NFE y APPR.
“NFE reitera su compromiso con la transparencia y total cooperación con la investigación de la Comisión (de Asuntos Federales y de Veteranos)”, expresó Fernández en su carta de dos páginas enviada al expresidente cameral en la cual, además, solicita una extensión de 30 días para la producción de la documentación solicitada.
“Hemos recibido una comunicación oficial de parte de los representantes legales de NFE en donde, además de hacerse disponibles para el proceso de investigación que realiza la Comisión sobre todo lo asociado con la firma del contrato de exclusividad para la administración de dos muelles de la bahía de San Juan, están solicitando un periodo de 30 días para producir lo requerido en nuestra carta del 5 de julio. El miércoles, aceptamos esa solicitud y clarificamos varios puntos sobre los documentos que nos tienen que proveer”, comentó Aponte.
Entre la documentación requerida a NFE por la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos, se encuentran correos electrónicos, correspondencia regular, memorandos, libros de registro, órdenes de compra y notas, entre otros, relacionado con el proceso desde antes de la firma del acuerdo y hasta el 30 de junio de 2025.
La cantidad total que NFE se encuentra obligada a pagar a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico por el cumplimiento del término es de $8,226,678.80. Entre otras disposiciones la empresa tiene que cumplir a cabalidad con todas las leyes y reglamentos ambientales, así como normas rectoras vigentes.
El 10 de marzo de 2025, Aponte radicó la Resolución de la Cámara 195, aprobada por este cuerpo legislativo el 7 de abril de 2025.
La Resolución ordena a la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos investigar todos los aspectos relacionados con las operaciones, incluyendo el manejo de gas natural licuado en el área de la Bahía de San Juan, donde se encuentran las instalaciones portuarias más grandes de la Isla. Los puertos de la Bahía de San Juan reciben más del 85 por ciento de todos los bienes que ingresan a Puerto Rico anualmente.
