BARCELONA, España (AP) — El parlamento español el jueves se dispone a aprobar inicialmente un polémico proyecto de ley de amnistía para delitos —tanto demostrados como presuntos— cometidos por cientos de separatistas catalanes durante un caótico intento de realizar un referendo por la independencia hace seis años.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha promovido la amnistía como medio para dejar atrás un intento de secesión por el entonces gobierno de Cataluña, una región del noreste de España cuya capital es Barcelona y que posee un idioma propio además del español.
Pero el proyecto ha provocado la oposición de millones de españoles convencidos de que la gente que provocó una de las mayores crisis políticas del país deben responder por acusaciones que incluyen malversación de fondos y promoción de alteraciones del orden público.
Sánchez ha indultado a nueve dirigentes independentistas que estaban presos, lo que ayudó a sanar las heridas con escaso costo político. Pero la amnistía resulta mucho más polémica.
La crisis de secesión estalló en 2017, cuando un gobierno regional encabezado por Carles Puigdemont realizó un referendo sobre la independencia a pesar de las órdenes del gobierno nacional y un fallo del tribunal supremo que lo declaró inconstitucional. Madrid envió a la policía para tratar de detener el referendo, lo que provocó protestas que se volvieron violentas.
El parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, pero no obtuvo apoyo internacional. Puigdemont y otros líderes se fueron al exilio.
Cientos o miles de personas en Cataluña podrían ser acusadas de delitos derivados del referendo o las protestas, y Puigdemont y otros líderes permanecen en el exilio. Investigaciones judiciales han acusado al ex presidente regional de terrorismo como presunto autor intelectual de protestas que chocaron violentamente con la policía y cerraron rutas, vías ferroviarias y el aeropuerto de Barcelona en 2019.
Si lo aprueba el Congreso de los Diputados, la cámara baja, el proyecto enfrenta una serie de obstáculos. El Senado, de mayoría conservadora, previsiblemente lo rechazará, lo cual significa que el congreso debería someterlo a una segunda votación para aprobarlo.
